2011-09-23
En esta primera parte trataré de analizar los absurdos que rodean a la Ley Peña Nieto, sus entronques con motivaciones de política vulgar que apuntan mucho más allá de un simple interés por el “honradez”, la “verdad”, la “autoestima” de los políticos y las “buenas costumbres”, así como sus posibles efectos perniciosos sobre la desvencijada “democracia” mexicana.
En la segunda parte trataré algunos detalles de historia reciente en torno a una ley hermana y coetánea de la posible ley Peña Nieto. Es una ley que ya existe en otro país y que está muy emparentada a la Ley Peña Nieto en causas, espíritu y fines. Y aclaro que he hecho grandes esfuerzos para evitar que la perspicacia no me haga imaginar hilos entre el nuevo PRI y la clase dominante de aquel país. Creo que el repaso a esta ley de aquel país servirá de marco de referencia para dos cosas: para las conclusiones que logremos aquí, y para saber a lo que nos podemos ir ateniendo en este país con la propuesta de los diputados priistas y su Ley Peña Nieto contra las injurias.
La cultura y el cuerpo social:
Ningún hombre está dispuesto a ceder parte de su libertad de buen agrado. Y si cede parte de su libertad, lo hace esperando a cambio una retribución o una compensación satisfactoria para la calidad de su vida. Esta actitud humana fundamental, junto a nuestra naturaleza gregaria, está en la base de las sociedades humanas de todos los tiempos, llámense familia, horda, tribu o nación. En suma, el hombre cede libertad a cambio de los beneficios de vivir en sociedad.
El acuerdo en torno a las reglas del grupo social es sólo posible con la previa existencia de una “comunidad” de intereses, ideas, hábitos, creencias y actitudes emocionales entre los individuos participantes. Y ya que la cultura es esa “comunidad” que referimos, nos queda claro que sin cultura que dé unidad a los individuos, no hay sociedad.
Una de las funciones más importantes de la cultura es la de ofrecer pautas universales de conducta en las relaciones sociales. Gracias a esas pautas la conducta del resto de individuos se hace previsible para cada integrante de la sociedad, y sin necesidad de que se conozcan directamente. Y esa previsibilidad es lo que hace posible el funcionamiento del gran cuerpo social. Usted actúa sabiendo por anticipado lo que los demás harán en correspondencia a sus actos, actúa sabiendo lo que recibirá a cambio, y así opera para todos los integrantes del cuerpo social.
Las normas morales:
Las normas morales son tan antiguas como el hombre. Surgieron mucho antes que la misma aparición de la Ética como ciencia de las costumbres con Aristóteles.
Las normas morales son muy importantes. Ellas forman el corazón de ese gran cuerpo de pautas universales de conducta que son válidas para todos los integrantes de una sociedad. Ellas le dan viabilidad a toda sociedad y, en lo esencial, son el fundamento del orden jurídico.
Una de las normas más antiguas es la que expresó Moisés como “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”. Esta norma moral es parte de nuestro patrimonio cultural; la damos por sentada, aceptada y válida, porque así se nos ha educado informalmente en casa, y luego formalmente en la escuela.
Hemos hecho tan propia esa norma antiquísima, que luego la hemos adaptado a nuestro concepto occidental y no teológico de “verdad” para dar lugar a normas como “Es bueno decir la verdad” o “Es malo mentir”. Y aceptamos esa norma, no por cuestiones meramente doctrinarias, sino porque tiene un amplio fundamento racional. La razón nos indica que, sin ella, si ella no buscara imperar en todos los individuos y en todos los tiempos y lugares, la comunicación sería prácticamente imposible.
La fuerza de la ley:
El problema con las normas morales es que no constriñen, no obligan, y eso le da al hombre un alto grado de libertad para ajustar o no su voluntad y su acción conforme a las normas morales de su comunidad. Y es en virtud de esa debilidad reguladora de las normas que el hombre luego se ha inventado algunos medios muy prácticos y útiles para garantizar la realización de las normas morales que son vitales para la permanencia de la sociedad. Entre esos medios destacan dos: la ley del hombre y Dios.
La época de las grandes mentiras:
Desde la irrupción del Racionalismo y el Iluminismo, y muerta la Edad Media, ningún sabio ha pretendido jamás la locura medieval de legislar para cuajar de obligatoriedad a la norma del “No debes mentir”. Más adelante veremos por qué esto es una locura en los tiempos que corren. Y como esa norma moral está a la buena voluntad de los hombres para su realización, ha terminado más desgastada en su crédito que una moneda de tres pesos y que el mismo Salinas de Gortari.
La mentira es una moneda tan corriente que usted ya no puede confiar del todo ni en sus mejores amigos o conocidos. Y esa falta de confianza por el imperio de la mentira afecta tremendamente la operación de la sociedad, porque, otra vez, la conducta de los demás se hace completamente imprevisible.
No imagino cómo podría resolverse este problema de la mentira. Supongo que es un problema de tal talla que requiere de un sabio de dimensiones colosales. Pero de lo que sí estoy cierto es que todo intento por devolver un espíritu de honradez y veracidad en cada uno de los integrantes de la sociedad, deberá pasar por la restitución de la norma moral del “No debes mentir” como una regla de carácter universal en los hombres, valedera para todos por igual y para todos los casos y tiempos.
El caso de los tuiteros irresponsables:
A muchos sorprendió aquello de que los diputados priistas mexiquenses abordaran el problema de los “tuiteros irresponsables”. De golpe y porrazo, los diputados nos dijeron que es “urgente” resolver el problema del uso irresponsable de las redes sociales. ¿Por qué? Simple, porque, en opinión de dichos diputados, ese uso irresponsable puede "generar terror entre la población y denostar a los políticos en campañas". Y los diputados no pasaron por alto la ocasión de aclararnos que esto no es un temor infundado, pues, según ellos, está verificado en hechos que ese problema ha terminado ya dañando la integridad y la honorabilidad de figuras públicas.
Los diputados nos dicen también que un “tuitero irresponsable” es el que injuria a los políticos. Simplifiquemos por el momento y digamos que, para estos diputados, el “tuitero irresponsbale” es el que dice mentiras de los políticos.
A los diputados priistas no les falta razón en esta parte. Solamente tenemos que recordar lo que hemos apuntado sobre cultura y normas para entender esto. Las redes virtuales, en esencia, son una cultura alternativa que busca facilitar una actividad útil de todos los tiempos para el hombre: la comunicación. Esa finalidad de las redes sociales se sigue cumpliendo en el ámbito de la vida política. Y, a saber, jamás ha existido pueblo o comunidad que, consciente y deliberadamente, busque entorpecer con la mentira la dinámica de su vida social. De ahí la norma del “No debes mentir”.
Dado lo anterior, debemos decir que “sí”, que decir mentiras en las redes sociales es hacer un uso irresponsable de las mismas.
La ley Peña Nieto: No se salvan las apariencias.
Imagino que los diputados priistas mexiquenses se habrán dado cuenta ya de la minusvalía indigente por la que pasa la antiquísima norma del “No debes mentir” en los tiempos modernos. De ahí se explica el que hayan propuesto la Ley Peña Nieto para darle oxígeno a la misma.
En teoría, la intención de los diputados priistas es buena. Pero el manejo caprichoso que hacen de la norma del “No debes mentir”, luego lleva a la Ley Peña Nieto a problemas insuperables que, al final, la dejan a la vista del público con una intencionalidad muy dudosa. Los priistas no se cuidan de salvar las apariencias.
La inutilidad social de la Ley Peña Nieto:
Los diputados priistas le restan universalidad a la norma moral del “No debes mentir”. De ser la norma una suerte de imperativo categórico – válido para todos y en todos los momentos y circunstancias -, con la Ley Peña Nieto se ha convertido en una extraña especie de enjuto imperativo condicionado – válido sólo para algunos y en una sola circunstancia -. Si nos atenemos a lo que han declarado en todo esto los diputados, podría decirse que nos dicen que debemos decir la verdad sólo si: hablamos de política al usar las redes sociales.
Como puede ver, la vieja norma de Moisés del “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”, en manos de los nuevos priistas y de la Ley Peña Nieto ha pasado a un: “Cuando uses redes sociales, no hablarás contra tus políticos falso testimonio”.
Pero independientemente del aire ridículo de la versión priista, con el despojo del carácter universal de la norma nos queda absolutamente claro que la propuesta priista no apunta a la formación de hábitos de honradez y veracidad en los mexicanos. Y estando ausente la Ley Peña Nieto de todo interés por la mejora de las pautas de conducta y del entramado de las relaciones sociales en México, es necesario concluir que la misma no ha sido pensada para reportar utilidad social alguna. Su fin está en otra parte; una parte muy ajena al interés social.
La verdad en la democracia:
Uno de los grandes aportes de la filosofía es la certeza de que no hay teoría o doctrina que pueda pretender ser completamente cierta y mucho menos ostentarse como poseedora de la verdad absoluta de las cosas.
Hay muchos conceptos de verdad y, dentro de cada concepto, hay diferentes criterios para juzgar de la verdad. No me meteré en estos detalles, y solamente me limitaré a decirle que, en estos tiempos, siguen conviviendo dos grandes verdades alternativas y excluyentes sobre el hombre y el mundo: ciencia y religión. Y la continua convivencia de estas dos visiones nos habla precisamente de la imposibilidad de que una u otra pretendan, al menos por el momento, el primado sobre la verdad.
Dentro del mismo ámbito de las ciencias sociales – mundo en el que está encuadrada la política -, existen diferentes dogmas e ideologías. Tome por caso la ciencia de la economía, donde se puede ver al liberalismo y al marxismo en una pugna no resuelta hasta el momento.
La democracia, como modelo de organización política, y una vez que fue revitalizada y enriquecida por la Ilustración, reconoce perfectamente esa gran verdad: que no hay una teoría o doctrina que pueda pretender el monopolio de la verdad. De ahí que todo régimen democrático, por principio, deba otorgar a los ciudadanos las libertades de profesar ideas y de expresarlas públicamente. Se entiende, por supuesto, que esta libertad estará limitada siempre por la libertad de los demás.
Solamente un estado autoritario y despótico puede darse el lujo de establecer una sola verdad del mundo y el hombre como fundamento de la organización política. Esa era precisamente la característica definitoria de las monarquías absolutas medievales que precedieron al racionalismo y a la ilustración. Solamente en ese tipo de estados era posible, por principio, legislar para decir cuál era la “verdad”. De ahí nació precisamente aquella doctrina del “Derecho divino” de los reyes que legitimaba el poder del monarca supremo a través de un principio divino y, por consecuencia, inapelable para el pueblo. Y de ahí surgió también toda prohibición de las libertades humanas que pudieran atentar contra la estabilidad y la continuidad de las monarquías, entre ellas, las libertades de pensamiento y de expresión pública.
La Ley Peña Nieto y el entusiasmo por el absolutismo:
Ahora bien, para que la Ley Peña Nieto pueda hacer posible la justicia en su ámbito, que es garantizar la realización de la verdad en las opiniones políticas ciudadanas en las redes sociales, antes tendrá que adoptar un concepto de verdad y un juego de ideologías políticas y económicas que le sirvan de reglas o de criterios de decisión. Y esto, como ya vimos arriba, ha de implicar un rechazo necesario al principio democrático de gobierno en vista de las exigencias propias de la Ley Peña Nieto.
Y esto no puede ser de otra forma, porque si la Ley Peña Nieto pretendiera seguir ceñida al espíritu democrático, eso la obligaría a aceptar que no hay una verdad universal y absoluta, y eso ya hace inoperante a la misma ley, la manda al cementerio. Y es que, en estas circunstancias, la aplicación de la ley Peña Nieto estaría absolutamente pendiendo de las inclinaciones dogmáticas o ideológicas del juez en turno.
Si el juez en turno es ateo y ultraliberal, ¿cómo libraría un juicio por injurias algún cristiano auténtico que hubiera llamado a un político “Hijo de la Puta de Babilonia” por promover el egoísmo como virtud? Y si el juez es ultraconservador y católico, ¿cómo la libraría un marxista ateo llevado a juicio por llamar a un político “expoliador del pueblo”? En cualquier caso, marxista y cristiano, estarían fundados en su concepto de verdad, pero han sido llevados a juicio en virtud de la Ley Peña Nieto…y de cierto que serían encarcelados injustamente por ella.
Pero, en cualquier caso, ya ceñida al absolutismo o a la democracia, ya ceñida a un concepto de verdad universal o al criterio exclusivo del juez, la Ley Peña Nieto siempre terminaría administrando justicia contra la razón.
Como puede ver, el absurdo consiste en que la Ley Peña Nieto pretende la locura medieval a la que hacía referencia antes: establecer la verdad por decreto y fijar límites jurídicos a la razón. Y esto atenta contra la razón, pues la razón establece por sí misma sus límites y no necesita de las leyes para tal efecto.
Con todo, y pase lo que pase, el mismo pronunciamiento priista por la Ley Peña Nieto ya nos deja ver en el nuevo PRI un entusiasmo por el absolutismo medieval, y muy mal disimulado.
Y no crea que esto es un espasmo accidental en el nuevo PRI. Siempre hemos vivido así bajo la cáscara de la democracia aparente. Es sólo que los priistas, por momentos, tienen “lapsus” declaratorios y “urgencias” en que esa realidad de fondo se deja ver a flor de piel.
Para un monarca, una corte: La junta de notables expertos del PRI.
Seguramente usted recuerda que los diputados priistas, cuando anunciaron la inminencia de la Ley Peña Nieto, nos dijeron que su dichosa idea sería pasada a una junta de “expertos” que determinaría la forma más eficiente de establecer esta Ley Peña Nieto.
Supongo que esa junta de notables será la encargada de resolver el problema fundamental: encontrar un concepto de verdad universal, concepto que sea valedero para todos los mexicanos. Sólo así podrían darle sentido a su propuesta.
¿Podrán resolver este problema los notables expertos del PRI?
Jejejejejejeje…Vamos, señores. Si los priistas no pueden sacar a un pobre municipio rural del abandono y de la miseria, menos podrán indagar sobre la naturaleza de la verdad del hombre. Tendrían que acudir al expediente de resucitar a todos los sabios de la historia, desde Parménides y Sócrates, hasta Leibniz y Kant, y rematando con Cristo y Mahoma, para sentarlos en el Areópago a deliberar en torno a la naturaleza de esa verdad y dar, finalmente, con el fundamento objetivo de su famosa ley Peña Nieto.
Y aun y cuando lograran sentar a esos sabios en su supuesta junta de expertos notables, ¿sabe que lograrían los priistas? Nada; así de simple, nada.
Recuerde lo que dijimos arriba: el principio democrático de la tolerancia a las ideas y su expresión pública, está fundado en el reconocimiento de la imposibilidad de un concepto universal de verdad. Y entonces, si los priistas no van a resolver nada con su junta de expertos notables, ¿qué pretenden con ella?
Eso es simple de responder: justificar la ley Peña Nieto con un acto de autoridad, no con la verdad. Y es que ellos conocen perfectamente bien las reglas del juego político y nos tienen bien tomada la medida a los mexicanos de a pie.
Ellos, los políticos oficialistas, y pese a sus diferencias partidarias, son un grupo social minoritario que está muy bien cohesionado. Tienen muchos intereses predatorios en común, y eso les brinda la enorme ventaja de saber moverse rápido y con eficiencia en pos de un fin común, que no es sino expoliar al pueblo trabajador. Ellos saben también que nosotros somos una gran multitud que no sabe moverse como un cuerpo único. Pero además saben que nosotros estamos habituados a la tutoría del Estado y de los medios de difusión en eso de usar la razón, a grado tal que damos por cierto lo que ellos digan por un simple principio de crédito o de autoridad moral.
Y dado lo anterior, la clase política ya se sabe el caminito para persuadirlo a usted sobre cualquier cosa, así se trate de algo que va en contra de su bienestar personal y familiar: una junta de “notables intelectuales” que nos digan qué es la verdad. Y si esa junta de notables es patrocinada por un canal de televisión, usted ya está en el costal del político, ¡y véngase con su papá!
Amigos míos: la verdad es que somos niños indefensos frente a predadores de alto vuelo. Así de simple.
Bueno, pero el hecho es que llegamos a otra verdad en torno a la Ley Peña Nieto: la junta de expertos notables que la habrá de diseñar, no es sino una junta de juglares que se rentarán al juego de una imposición, a un acto de autoridad.
Nota: En lo sucesivo supondremos que la junta de expertos notables del PRI encontró la fórmula para la verdad universal, que esa verdad es la racional – empírica (nuestra tradición), que todo el planeta la adoptó, que todos los sabios de la historia han sido sepultados en el olvido, que todos los dioses han muerto, que el liberalismo triunfó de la mano de Salinas de Gortari, que el marxismo se evaporó, que la Ley Peña Nieto se aprobó, y que todos somos felices por siempre y por los siglos de los siglos, y amén. Sé que esto es una jalada de pelos muy al estilo de la teoría económica moderna, pero es necesario hacer esto para continuar.
La Ley Peña Nieto: criminalizar e inhibir a la libertad de expresión.
Pero, pese al maravilloso arreglo del mundo por parte de los expertos notables del nuevo PRI, los problemas no paran.
La Ley Peña Nieto, de darse, no se andará con sutilezas a la hora de definir lo que es una injuria contra un político. Sin lugar a dudas, toda expresión negativa en torno a un político que no sea sustentada con hechos irrefutables y concluyentes, será tenida por injuria.
Ahora bien, suele reconocerse que la opinión es un grado de saber que tiene las siguientes características:
- No es un saber científico, pero tampoco es ignorancia. Es un grado de saber entre esos dos extremos.
- Es potencialmente contradictoria; coexiste siempre con el temor de la opinión contraria.
- Pese a tener un grado de verdad, no tiene certidumbre sobre lo que afirma o niega.
El reconocimiento de estas características en la opinión está implícito en la importancia que han adquirido los estudios de opinión pública en ámbitos diversos. Y si bien este tipo de estudios observan comportamientos agregados, eso no significa que desprecien el valor de verdad que puedan tener las opiniones captadas.
Es menester, pues, aceptar que en toda opinión se manifiesta la razón de la persona en cierto grado. Sin embargo, pese a cualquier grado de razón que tenga una opinión política vertida en redes sociales, ésta será candidata segura a la criminalización. Bajo el criterio de la Ley Peña Nieto, mientras el que opina no tenga completa certidumbre sobre lo que afirma o niega, ya puede considerarse candidato al calabozo.
Pero el efecto pernicioso de la Ley Peña Nieto sobre el ejercicio libre de la razón no para en el universo de los opinadores en redes sociales. Sus brazos tóxicos han de llegar hasta el mismo campo del saber científico.
Siempre es posible que un científico incurra en un tremendo error, ya por un sesgo ideológico, ya por un mal planteamiento metodológico, o ya por un fallo en los instrumentos de medición. Y lo peor es que este tipo de errores, que son muy frecuentes, luego llevan a la publicación de proposiciones científicas falsas o a verdad incompleta.
Así las cosas, si alguien es un científico social y tiene el hábito de intercambiar sus resultados en Twitter, deberá estar muy atento al camino que siga la Ley Peña Nieto. Esto, porque cualquier error de investigación ya no será simplemente motivo de mofa en la comunidad científica del Twitter; no, ahora le podrá criminalizar y llevarle a enfrentar cargos penales por injuria si el dicho error lesiona la delicada autoestima de un político.
No puede quedar la menor duda en torno a que la Ley Peña Nieto pretende inhibir por completo el libre ejercicio de la razón y la libertad de expresión en torno a la vida política nacional.
La mentira a la medida del político:
Existen dos tipos de mentiras en lo que toca a las valoraciones que hacemos de las personas: la adulación y la injuria. Si la adulación levanta a la persona por arriba de su real valor, la injuria lo lleva por abajo de él. En lo dos casos se falta a la verdad, pues, tan falso es decir de un político que es corrupto cuando éste ha demostrado ser honesto y puede seguir demostrándolo, como falso es decir de un político corrupto que es honesto.
Ni adulación ni injuria son buenas para un hombre, pues de cierto que no es ni demonio ni dios; así que sólo hay que darle su justo valor conforme a razón. Y si tales mentiras no son buenas cuando vertidas en un hombre común, con mayor justicia se puede afirmar esto en el caso de un político, pues de él depende el futuro de una comunidad.
Así que los dos tipos de mentirosos, aduladores e injuriosos, pueden ser igualmente nocivos para el bienestar de la comunidad. Si los injuriadores pueden ser un factor contrario al desarrollo armónico de un excelente político, lo cual nos evita la gloria de un gran líder, también los aduladores, con su lengua cuajada de miel, pueden ser los padres de un monstruo y de una tragedia nacional de proporciones épicas.
Solamente nos basta recordar a Hitler y su monumental obra de muerte y destrucción para enterarnos de los altamente nocivos que pueden ser los aduladores para el bienestar de una comunidad. Hitler no fue el único responsable de la obra de muerte del partido nazi. Por abajo de Hitler había una pirámide de burócratas y políticos que lo adularon sin ton ni son para llevarse un pan a la boca o para enriquecerse. Más abajo de esa burocracia había un pueblo alemán que se dejó llevar por sus prejuicios, que se dejó seducir por la propaganda nazi, que se entregó al culto de la “hermosa y fascinante” personalidad de Hitler, y que terminó colaborando abierta y deliberadamente con aquel régimen de injusticia y muerte. Hoy en día no hay alemán cuerdo que pueda ocultar la vergüenza histórica de haber creído en la propaganda que alzaba a la gloria de la honestidad y el patriotismo a un criminal rodeado por su corte de aduladores.
Y vaya que los nazis, como los nuevos priistas, también tuvieron sus aires de absolutismo radical. Instrumentaron muchas leyes para manipular la verdad y acotar la libertad de expresión; leyes que luego les dieron las justificaciones para poner en marcha sus políticas de exterminio de minorías enteras y de despojo completo de naciones débiles. Actos criminales en que participaron con gran entusiasmo los millones de aduladores en el pueblo alemán.
Sinceramente, si vemos con ojo crítico las cosas a este respecto, caemos en la cuenta de que el adulador de los políticos es un mentiroso más letal y tóxico para la democracia que el injurioso. Y si nos atenemos al sentido común, puede ser que el injurioso le haga un buen servicio a la comunidad democrática. Si el injurioso, con sus ironías y mofas, ayuda a mantener al político en su real condición de indigente frente a la comunidad y el mundo, el adulador lo convierte en un monstruo y en un peligro para todos.
Decía Thomas Hobbes que el valor real de un hombre es su precio, o lo que estaríamos dispuestos a pagar por sus virtudes. Cierto lo que dice Hobbes, pero no para una democracia simulada como la de nosotros. La gran masa ausente no necesita de los políticos, nadie está dispuesto a dar un penique por sus pobres servicios, nadie los ha invitado al servicio a la nación. Ellos, los políticos, se invitan solos; escamotean el poder; se sobrevaloran con el motor de su propia vanidad, pero sobre todo con la ayuda de los aduladores. Y ahora, con esa autoestima inflada artificialmente, no quieren que el pueblo bajo les pague con injurias, con medio penique, su real valor, porque, a decir de ellos, eso merma su delicado honor, su gloria.
Si la finalidad de la Ley Peña Nieto fuera la verdad para la mejora en la calidad de la discusión política en las redes sociales, tendría que criminalizar a los dos tipos de mentirosos: a los injuriosos y a los aduladores. Y si las cosas fueran honestas, mayor vigilancia se pondría sobre los aduladores. Pero esta actividad por la ética y la verdad no debería circunscribirse a las redes sociales; no, debería ir hacia todos los ámbitos de la comunicación. De sobra conocemos la escandalosa y cínica propaganda aduladora que corre por las televisoras y en algunos medios más a favor del nuevo PRI. ¿A quién quieren engañar?
No necesitamos agregar más nada a este respecto porque nos queda claro que la Ley Peña Nieto, contra todo principio de razón, pretende mañosamente inhibir toda crítica de la razón contra el nuevo PRI en las redes sociales, mientras deja a plena libertad de operación a sus aduladores, la otra parte de la mentira…y la más letal para el país.
¿Y las injurias y mentiras de los políticos, apá?:
Pero los políticos oficialistas son también los aduladores del pueblo. Como Hitler, cada vez que pretenden el favor del voto que los legitime, se dan a lamer los zapatos del pueblo: a las adulaciones sobrecargadas de bondad, planes faraónicos, patriotismo, heroísmo y espíritu de servicio. Habrá muchos mexicanos que se chupen el dedo y se crean estos panegíricos dulzones, no lo dudo, de todo hay en la viña del Señor. Sin embargo, también hay mexicanos – entre los que me cuento - que ven en estos actos teatrales un insulto a la inteligencia. Para muchos mexicanos, los panegíricos electorales de los políticos oficialistas resultan una grave injuria porque son piezas oratorias sobrecargadas de mentira y equivalen a una mentada de madre.
Hay muchos mexicanos que, al escuchar a un político, se dicen cosas como:
- ¿Éste se cree que soy su pendejo?
Cada discurso de la clase política nacional es un barril de mentiras y de burlonas mentadas de madre al pueblo. La misma Ley Peña Nieto injuria a cada mexicano con el simple hecho de ubicarlo al nivel de un idiota capaz de permitir que su razón sea limitada jurídicamente.
¿Qué esperan los propulsores de la Ley Peña Nieto para condenarse a sí mismos y a la clase política?
La peligrosa indeterminación de la “injuria”.
Hasta ahora hemos trabajado con una noción ligeramente limitada de la “injuria” para facilitar el trabajo de análisis. La hemos asumido como mentira llana. Sin embargo, ahora veremos un significado más específico del término para comprender más a fondo el engañoso juego que el nuevo PRI se trae entre manos.
La injuria se define como un agravio, un ultraje de obra o de palabra, que lesiona la dignidad de una persona diferente al que la hace. La injuria es, entonces, todo acto que, dirigido a una persona, perjudica su reputación o atenta contra su propia estima (elemento subjetivo) o su crédito ante terceros (elemento intersubjetivo)
Digamos que, de manera formal, la injuria puede consistir en:
- La atribución infundada de hechos o acciones.
- La expresión de palabras soeces, insultantes.
- Acciones de menosprecio, denigración, burla y discriminación.
Todo mi apunte no argumenta nada a favor ni en contra de aquellos que gustan de hablar por sistema en los términos de los puntos dos y tres, y sin otro objeto que insultar y denigrar sin llegar a comunicar nada más. Además de que no son mi tema, creo que es un punto muy polémico. Si bien no son justificables tales actitudes, tampoco se puede ocultar que son hijos legítimos del PRI y su miserable herencia. Todo mi tema es la injuria como supuesta mentira, pero que no insulta en los términos referidos. Cambio y fuera.
Todos los sistemas de justicia donde la injuria es punible, aceptan que el concepto de injuria es muy heterogéneo, circunstancial y subjetivo. Así que por ello definen a los tribunales como la instancia que ha de decidir sobre las expresiones que se puedan considerar injuriosas en cada caso particular.
Aquí, con la importancia decisiva del criterio de los jueces, usted ya tiene el primer brazo de la pinza que ha de cerrar sobre el ciudadano tuitero que opine cualquier cosa incomoda para el nuevo PRI.
Pero el mayor problema es que esta subjetividad termina por dejar al término “injuria” sin límites determinados, y de ahí resulta luego una completa libertad de “uso conveniente” de la ley por parte del político. Y es que así como un político puede encontrar injurioso que un ciudadano lo califique de “tonto” por haber hecho un mal gobierno, también puede encontrar injurioso el que un ciudadano lo califique de “inepto” por el mismo motivo. En cualquier caso, se le haya llamado “tonto” o “inepto”, el político siempre podrá aducir en los tribunales que la expresión merma su delicada “autoestima” y su valioso “crédito” ante amigos, familiares, abuelos, amante, compadres, mascotas, electores y simpatizantes, y de ahí no lo sacarán.
Es tan versátil este concepto de “injuria”, que cualquier cosa que llegare a opinar un tuitero puede ser usado en su contra y ser la causa de su total perdición con un cambio de domicilio al palacio negro por largo tiempo.
Ya tiene aquí el otro brazo de la colosal pinza que cerrará furiosa sobre el tuitero opinador. La cancha es muy ancha y todo cabe, la iniciativa la tiene el grillo, el juez solamente cierra la pinza para rematar y…¡Adiós te dije, tuitero mío!
Como puede ver, un sistema de justicia hermoso y el casi infinito espacio que ofrece el concepto de “injuria” para acomodar a placer una diputadil o gobernadora “autoestima lastimada”, con mocos, gimoteos y plañideras de por medio, prácticamente nos da la fórmula perfecta para poner al tuitero de a pie en estado de indefensión y bajo el riesgo potencial de ser criminalizado, exhibido con sanbenito y capirote y juzgado, para luego ser refundido en el calabozo por cualquier capricho del político.
Excelente táctica para meter a las redes sociales en un ambiente de miedo e incertidumbre. Estando siempre presente la amenaza del fantasma de la criminalización, la opinión pública crítica en redes sociales terminará paralizada, enmudecida. Y mientras tanto, los aduladores de las redes y la tele, a sus anchas y a duro y dale.
El terror priista y los reverberos bushianos:
Y hablando de incertidumbre y miedo, los diputados priistas también nos dijeron que los tuiteros mentirosos pueden promover el terror entre la población. Confieso que no lo he tomado en serio. Me reí bastante cuando leí esto; me acordé de los Tres Chiflados de la Casa Blanca: Bush, Cheney y Rumsfeld…Qué predecibles somos los mexicanos, en verdad.
Admito que no tengo la imaginación de los diputados priistas y quizás no alcance a ver la verdad en este ámbito. Por lo pronto, me resisto a creer que existan tuiteros mexicanos que puedan tumbar edificios desde su teléfono o que puedan lanzar misiles nucleares intercontinentales desde su camastro mientras se rascan las nalgas y retuitean. Creo que esto más bien se trató algo así como una versión Almada y bizarra de los batallas de los Tres Chiflados para apurar a todo mundo a que les den el “Sí, estoy contigo, haz lo que te plazca”.
Hasta el momento de terminar esta primera parte, sigo sin encontrar punto de conexión entre un tuitero mentiroso y el terrorismo. Aunque no he descartado una posibilidad. Bien puede ser que los diputados estén temiendo que los tuiteros hostiles, con eso de estar a muele y muele opinando de política, luego desentrañen una verdad amarga. ¿Cuál verdad? No sé, no imagino. Pero si por aquí está el camino, supongo que debe ser una verdad horrible para todos, incluidos los nuevos priistas. Y es que detrás de la máscara encantadora de Henry Jekyll puede haber un Mister Hyde con un rostro, más que horrendo, terrorífico. De ahí lo del terror. Incluso puede ser que ésta sea la única finalidad de la Ley Peña Nieto: evitarnos un episodio de terror…Pero no sabemos.
Tiene sentido, ¿no?...digo.
Conclusiones:
Hasta aquí podemos adelantar varias conclusiones en torno a la ley Peña Nieto:
- Busca limitar las libertades de los mexicanos, pero sin otorgar beneficio social alguno a cambio.
- Lo anterior, porque es una ley completamente inútil para la sociedad en la medida en que no apunta al fortalecimiento de la honradez y la veracidad en las pautas de conducta social.
- Pretende justificarse con un acto de autoridad (expertos)
- Obra contra la razón misma porque pretende limitarla jurídicamente, y eso la convierte en un instrumento de carácter autoritario y medieval.
- Es completamente injusta por clara y consciente parcialidad en múltiples ángulos.
- Busca infundir un estado de incertidumbre y miedo a la opinión pública en las redes sociales a fin de paralizarla.
- Inhibe principios democráticos fundamentales de la comunidad política: igualdad y libertades de ideas y de manifestación pública.
- Se apunta en utilidad exclusiva de la clase política al pretender hacerla inmune a la crítica de la razón.
- Y busca establecer a la clase política en condición privilegiada; algo que es propio de un sistema de gobierno absolutista.
Nos vemos en la segunda parte. Buen día.
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