Entre Códigos

 la Jornada-Jalisco

JESÚS ARANDA

Homenaje de cuerpo presente a Rodolfo Torre Cantú, ex candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, asesinado en Ciudad Victoria Foto: FOTO NOTIMEX

 

El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, dejó en evidencia un vez más que la estrategia de la administración de Felipe Calderón en contra del crimen organizado ha sido un fracaso. ¿Dónde estaban los cuerpos de inteligencia (Cisen, inteligencia militar, inteligencia naval, Policía Federal) que no tuvieron la capacidad de advertirle a la autoridad federal sobre la posibilidad de que ocurriera un hecho de esta magnitud?

Desde principios de año las Secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina enviaron más elementos a Tamaulipas, precisamente el incremento en las acciones del crimen organizado en esa entidad.

Sin embargo, como se ha hecho una costumbre, marinos y militares siguen haciendo las cosas cada quien por su lado.

No hay colaboración, no hay confianza interinstitucional, no hay “cruce de información”. La Defensa Nacional siguió con sus actividades en la zona fronteriza y en la capital de la entidad; mientras que los infantes de la Armada de México concentraron su labor de inteligencia y “operaciones quirúrgicas” en Matamoros y Reynosa, principalmente.

Torre Cantú fue ultimado en Ciudad Victoria, en la capital de un estado en el que los índices de la violencia han aumentado por la lucha que sostienen por “la plaza” entre Los Zetas y el llamado cártel del Golfo. La llegada de más elementos de la Defensa Nacional y de la Armada únicamente ayudó a calentar más la plaza con los resultados que tenemos a la vista.

Se dice que la principal línea de investigación en la muerte del candidato tiene que ver con el narcotráfico.

Es ingenuo pensar que ante el panorama político, económico, social, por el que atraviesa Tamaulipas y con una presencia tan importante de los cárteles de la droga, los candidatos a la gubernatura de todos los partidos no recibieran amenazas, información u ofrecimientos del crimen organizado.

¿Acaso los órganos de seguridad no sabían de esta situación de riesgo en la que se encontraban los candidatos al gobierno de Tamaulipas, máxime del que llevaba la ventaja en las encuestas?

Por cierto, ¿a quién le rinden cuentas los órganos de seguridad?

La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a los 12 pobladores de San Salvador Atenco no debe pasar desapercibida, porque fue una resolución complicada en la que, por primera vez, el máximo tribunal da muestras de congruencia y del peso moral que debe tener la máxima autoridad jurisdiccional en el país.

Cuando los ministros resolvieron liberar a más de una veintena de indígenas sentenciados por la matanza de Acteal, las opiniones se dividieron a favor y en contra.

A pocos les importó que los ministros insistieran en que por primera vez, la Corte decidiera anular una serie de sentencias por violaciones al debido proceso, por quebrantar la garantía de presunción de inocencia, por la invención de pruebas de parte del Ministerio Público federal, por la inducción de testimonios en contra de los acusados.

Les regatearon el mérito a los ministros, con el argumento de que se trataba de gente afín al gobierno.

Lo mismo sucedió cuando la Corte intervino para dejar en libertad a las dos indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar a seis agentes federales en Querétaro, pocos prestaron atención en que la primera sala había retomado el criterio del caso Acteal.

En el caso Atenco, las dudas persistían, pero la decisión mayoritaria sorprendió a muchos.

Por otra parte, la autoridad moral de la Corte quedó de manifiesto cuando, después de una serie de jaloneos, el gobierno federal exoneró a los detenidos de los delitos de robo agravado, despojo, lesiones y daños en los bienes públicos. Si bien la primera sala los había dejado en libertad porque la acusación de “secuestro equiparado” se basó en pruebas ilícitas y en un proceso penal inconstitucional, la autoridad tuvo que exonerar a los acusados de los delitos mencionados,porque las acusaciones se basaban en las mismas pruebas y elementos que el máximo tribunal había descalificado.

Por cierto, qué mal vieron los líderes del FPDT el miércoles pasado durante la sesión de la Corte, cuando ignoraron la presencia de Rosa Nelly Urrutia, madre de Héctor Galindo Gochicoa.

No sólo no la incluyeron en la lista de personas que querían que estuvieran presentes en la sesión –la cual entregaron al personal de seguridad de la Corte desde dos días antes- lo que motivó que tuviera que seguir el desarrollo de la misma en un auditorio anexo a través de un circuito de televisión sino que al terminar la sesión, mientras que gente del FPDT salía contenta, abrazada y con el puño en alto hacia la salida de la Corte en donde se desarrollaba un mítin en exigencia de la libertad de los atenquenses, lo madre de Héctor Galindo junto con su esposo y su hija, deambulaban por los pasillos de la Corte pidiendo que le informaran cuál era el procedimiento a seguir para concretar la liberación de su hijo.

En entrevista previa, ya se había quejado de la falta de apoyo y solidaridad de la gente del Frente hacia ella, quien tuvo que pagar por su cuenta la defensa legal y una fianza de 15 mil pesos–relacionada con el delito de ataques a las vías de comunicación-, para que también quedara libre.

jaranda@jornada.com.mx