Estado de los ESTADOS

16/07/2010 - 03:08

Por: Lilia Arellano

“Anunciad con cien lenguas el mensaje agradable; pero dejad que las malas noticias se revelen por sí solas”: William Shakespeare
• Matan al sobrino de Duarte
• Narcos van sobre “Malova”
• Rebasa delincuencia a FCH
• Plan democrático, quimera
• PRI dividido en el Congreso
• Piden juicio político a SCJN

Julio 15, 2010.- Los mensajes de los capos de los cárteles de la droga son claros, directos, no dejan lugar a duda y de ello hablan las ejecuciones de políticos de primer nivel, incluyendo presidentes municipales, diputados y candidatos a cualesquier cargo de elección popular. Los “recados” de este jueves a los gobernadores electos de Chihuahua, Cesar Duarte, y de Sinaloa, Mario López Valdez, son para dejarles en claro su poderío, sus alcances, su influencia y boyante fuerza militar, política y económica, acrecentada por la fallida estrategia implementada en su contra por la administración calderonista, en la que los tentáculos del crimen organizado están bien afianzados.

Los mandatarios electos de esas dos entidades así como los de Tamaulipas, Durango, Veracruz, fundamentalmente, iniciarán sus gestiones en una posición sumamente endeble ante el poderío de los capos de los cárteles de la droga, muchos de los cuales, es un secreto a voces, son protegidos desde los mismos órganos y corporaciones encargados de combatirlos, por lo que en ante las actuales condiciones es imposible pararlos y desmembrarlos. Los esfuerzos individuales de los nuevos gobernadores, así como los que realizan los mandatarios en funciones son y serán infructuosos mientras no se decida a nivel federal asumir una real estrategia para combatirlos efectivamente y no en forma selectiva.

El asesinato del sobrino del gobernador electo en Chihuahua, Mario Humberto Medina Velo, se inscribió en esta dinámica.  El también ahijado de César Duarte, de 42 años de edad, fue ejecutado la tarde del miércoles cuando puso resistencia al ser secuestrado por un comando armado. La víctima estaba en un negocio dedicado a la fabricación de cocinas, propiedad de su familia, cuando los sicarios arribaron y preguntaron por su padre. Al no encontrarlo en el lugar, capturaron a Mario Humberto al que intentaron subir a la fuerza en una camioneta, pero éste se resistió, por lo que fue baleado.

Cabe destacar que Chihuahua es un estado clave para la actividad del narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico humano, además de un mercado que cada día crece más para el consumo de estupefacientes. Paralelamente se ha convertido en una mina de oro para delincuentes de orden común como robacoches, estafadores, secuestradores, tratantes de blancas y muchos otros más. El control del territorio de Chihuahua, particularmente de la fronteriza Ciudad Juárez representan para los cárteles miles de millones de dólares al año. Así, el mensaje es claro para el próximo gobernador César Duarte.

No obstante, el priista, afuera de la funeraria donde se realiza la velación del cuerpo de su sobrino, señaló que en cuanto tome las riendas del estado recuperará la paz que necesitan los chihuahuenses “en estos tiempos tan difíciles por lo que pasa Chihuahua”•. Duarte admitió que el fenómeno de la violencia alcanzó a todas la familias del estado. “Y en esta ocasión le toco a un familiar cercano. Lamentamos profundamente esta muerte y por eso lucharemos contra la violencia”. También insistió en que sigue en pie su propuesta de poner mano dura en  contra de la delincuencia para recuperar la tranquilidad y la paz en Chihuahua.

También en el estado de Sinaloa el crimen organizado mandó un claro mensaje para el próximo gobernador, el ex priista  Mario López Valdez. Los hechos ocurrieron coincidentemente la noche del miércoles cuando su coordinador de campaña, Gerardo Vargas Landeros, estuvo a punto de ser levantado por un comando armado en el poblado de Adolfo Ruiz Cortines, municipio de Guasave. El político y sus escoltas viajaba de la ciudad de Culiacán a Los Mochis a bordo de una Suburban y a la altura de esa comunidad fueron alcanzados por al menos 10 individuos, que viajaban en 2 camionetas Cherokee y un auto compacto y se encontraban armados con rifles y pistolas además de tener rostros cubiertos con capuchas.

Vargas Landeros logró escapar gracias a que los policías asignados a su seguridad lograron evadir la intercepción. Dos de sus escoltas no corrieron con su misma suerte pues fueron alcanzados y despojados de su vehículo, sus pistolas de cargo y celulares. Estos hechos son un ejemplo más de la impunidad con que actúan los grupos de sicarios armados en el norte de Sinaloa e incluso de la negligencia y complicidad de los grupos policíacos municipales, pues a pesar de que se alerto a la policía de Guasave, los uniformados nunca llegaron.

Cabe recordar que Sinaloa es la cuna de poderosos capos del narcotráfico, entre los que se incluye Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del poderoso Cártel del Pacífico y quién es señalado como “consentido” de las dos administraciones federal panistas, tanto la de Vicente Fox, en la cuál fue “liberado”, como del actual que encabeza Felipe Calderón. Esa estratégica entidad para la producción, comercio  y tráfico de estupefacientes es disputada a sangre y fuego por los cárteles del narcotráfico, que tuvieron un mismo origen.

Los dos hechos mencionados son tan sólo una ejemplo más de la actividad del crimen organizado en el país que no descansa. Al cierre de estas líneas se tenían ya los reportes de más, muchos más crímenes: en el exclusivo municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual forma parte de la zona metropolitana de Nuevo Léon y que en los últimos años fue escogido por integrantes del crimen organizado para residir, fueron localizados cuatro hombres atados de manos y con el tiro de gracia en la cabeza. En Mazatlán, Sinaloa, otro agente del Ministerio Público federal de nombre Manuel  Ramírez Murillo, fue ejecutado en el exterior de la Subdelegación de la PGR en ese puerto. Ya suman 63 los funcionarios ligados a la seguridad y persecución del delito que han sido asesinados en forma violenta tan sólo este año. Y en Morelos, fue localizado el cuerpo de otro hombre asesinado de dos disparos de arma de fuego y cercenado de la mano izquierda.

FELIPE NO QUIERE

Lo peor de todo es que para efectos prácticos la gestión de Felipe Calderón concluyó. Su administración es totalmente reprobada por la población. El inquilino de los Pinos no alcanzó y no pretende ya lograr ninguna de las metas fijadas al inicio del sexenio. En todos los rubros sus promesas quedaron incumplidas, él lo sabe y ahora su preocupación central, además de terminar su período, es manejar la sucesión presidencial. Todo lo demás es secundario. Los recientes cambios en su gabinete obedece a está lógica. El estado de la administración pública y el desarrollo económico así, como el fortalecimiento de la democracia son y seguirán siendo tareas pendientes e inacabadas.

Don Felipe no pudo nunca superar su ilegitimidad. Su apuesta a encabezar y ganar una “guerra” contra el narcotráfico la perdió, pero no sólo él sino todo el país. Se sacrificaron y tiraron a la basura grandes recursos fiscales, miles de millones de dólares, en ese propósito legitimador y el resultado es de todos conocido:  más de 24 mil cadáveres, el fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico y la perdida del privilegio del uso de la fuerza del estado para garantizar la gobernabilidad del país. Los capos de la droga cuentan con los recursos financieros y paramilitares para incluso desafiar al calderonismo y a cualquier gobierno estatal en todos los terrenos.

Calderón no quiere resolver el grave problema de la inseguridad pública del país, profundizado por sus errores, por su ineficiencia, por su incompetencia, por la corrupción en las dependencias y cuerpos encargados de la administración y procuración de justicia.  Sí su intención al realizar ajustes a su gabinete hubiera sido trabajar para reducir los índices criminales y las ganancias que genera no sólo en narcotráfico, en plena bonanza, sino otros delitos inherentes a este como el secuestro, el chantaje, la trata de blancas, el tráfico humano y de armas, entre otros muchos, tendría que haber destituido a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y a Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República, pero no lo hizo, ni lo hará.

Para nadie es un secreto que los tentáculos del crimen organizado han permeado las estructuras de los cuerpos y dependencias encargados de combatirlos, por lo que su combate real y efectivo tendría que partir de este punto, de lo contrario las cosas seguirán exactamente igual, hasta que se vayan los funcionarios responsables de las mismas y esto no ocurrirá hasta que el propio Felipe Calderón abandone la residencia oficial de los Pinos. Mientras tanto el país sigue y seguirá padeciendo el azote del crimen organizado, seguirá imponiendo condiciones y controlando cada vez porciones más grandes del territorio del país. 

¿RECONCILIACION?

La construcción de una “política de seguridad democrática” prometida hace unas horas por Felipe Calderón ante el fracaso de su fallida estrategia contra el crimen organizado y los cárteles de la droga es factible que los mexicanos nunca puedan apreciarla, al menos en este sexenio, pues el flamante secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, la condicionó a la reconciliación y unidad de las fuerzas políticas del país.  Los esfuerzos de este funcionario parecen ir encaminados a ejercer una política de distracción, a aparentar el clásico juego de buenos contra malos cuando en la realidad es que ya no se sabe sí se enfrentan malos contra malos dentro de las mismas filas de la administración federal.

Blake Mora llamó a los actores políticos, particularmente a los priistas, a entablar un diálogo para avanzar en temas prioritarios del país, dejando atrás las diferencias; pidió darle vuelta  la página y olvidar agravios. Confíó en las impugnaciones de elecciones estatales impulsadas por los partidos políticos en varios estados a que se resuelvan en las urnas electorales. El resultado de sus esfuerzos no dependerá por supuesto de su cuestionada habilidad política, sino del reacomodo de los intereses político- partidistas al interior del Partido Revolucionario Institucional.

En efecto, al menos en el congreso hay dos visiones distintas en torno al diálogo con la administración calderonista en las fracciones parlamentarias del PRI, tras los resultados de los pasados procesos electorales en 14 entidades, en donde prevaleció la confrontación y la guerra sucia. Las heridas son recientes y no sólo no han sanado, sino que se agrandan ante la actitud de Calderón y de la diligencia nacional del PAN que encabeza César Nava, quienes pretenden arrebatarle a los priistas en los tribunales las gubernaturas de Veracruz  y Durango y crearle la mayor cantidad de problemas al próximo gobierno en el estado de Hidalgo.

Francisco Rojas, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, condicionó la disponibilidad de su fracción parlamentaria al diálogo con la administración federal para sacar adelante las reformas pendientes, a la aceptación por parte del inquilino de los Pinos de los triunfos de su partido en Durango y  Veracruz. En ese tenor indicó que sí él es convocado a Los Pinos la dirigencia nacional priista tendría que valorar en qué condiciones se daría ese encuentro, así como una agenda política precisa a desahogarse.

Por el contrario, Mario Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del tricolor, ya se fue por la libre, ya se reunió en privado con Felipe Calderón, con quién ya llegó a acuerdos para, de entrada, sacar adelante una reforma política, que implica cambios en el régimen presidencial y el sistema de partidos, así como modificaciones a los órganos reguladores del estado mexicano. También cambios legislativos para intentar  resolver los graves problemas de inseguridad, crecimiento económico y desempleo. Todo esto sin consultar con su dirigencia nacional partidista que, por supuesto, hasta el momento no los avala.

Mientras hechos tan lamentables y graves suceden en entidades como las señaladas, en otras se viven situaciones de verdadera emergencia a consecuencia de las extraordinarias precipitaciones pluviales en estados como Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, cuyas consecuencias son agravadas por la negligencia de los funcionarios encargados de preverlas y de atenderlas. Calderón está concentrado únicamente en su función de dirigente real del PAN y en la construcción de la candidatura de su sucesor, pues sabe que del éxito alcanzado en esa tarea depende no solo su futuro político, sino incluso su libertad pues puede ser acusado de múltiples omisiones y hasta delitos, entre los que estaría los de traición a la patria y genocidio.

MINISTROS AL BANQUILLO

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser sometidos a juicio político por sus yerros y determinaciones anticonstitucionales. Dos casos son más que suficientes para ese efecto, uno es su aval a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en la que violaron la Constitución de manera descarada; y el otro es su determinación de negarse a señalar como involucrados en el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; a su sucesor en la Dirección General de IMSS, Daniel Karam; al ex gobernador de la entidad Eduardo Bours; y al ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gandara.

En el caso de los trabajadores electricistas, en estás mismas líneas le comentamos la semana pasada que de acuerdo con el abogado constitucionalista, Raúl Carranca y Rivas,  están dados todos los elementos normativos que ordenan los Artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se presente una denuncia ante el Poder Legislativo en contra de los Ministros de la SCJN, que le negaron el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), prácticamente sin que hubiera un debate de por medio, evidenciando su falta de independencia e incurriendo en actos u omisiones que redundaron en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de la clase trabajadora.

A pesar de todo los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro se mantienen en pie de lucha y rechazan participar en la tercera etapa de liquidación anunciada por el titular de la STPS, el siniestro Javier Lozano, que inició este jueves en las oficinas de Banjército.

Por lo que toca a el caso del siniestro en la Guardería ABC, los padres de los niños que murieron en el incendio presentaron este jueves ante el Senado de la República una solicitud de juicio político en contra de los ministros José Fernando Franco Gonzáles Salas y Sergio Armando Valls Hernández, quienes incurrieron en graves violaciones al Artículo 109 constitucional, durante la discusión de ese caso, que se llevó a cabo en el pleno de la Corte los pasados 14, 15 y 16 de Julio.

Los padres de familia del Movimiento 5 de Junio demandaron a los senadores que dichos ministros sean sometidos a juicio político y sancionados con la destitución de sus respectivos cargos, con la inhabilitación para ocupar otros durante un término no menor a 20 años y que además sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sean encausados penalmente por los delitos que cometieron en contra de la administración de la justicia. 

Patricia Duarte, Abraham Fraijo, Roberto Zavala y Julio Márquez, representantes de los padres de las inocentes víctimas, reprocharon a los ministros de la Suprema “corta” de Justicia de la Nación violentar el código de ética del Poder Judicial de la Federación al no actuar con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Señalaron que acudieron al Poder Legislativo en busca de justicia porque la SCJN dejó de cumplir con su obligación de hacerla, procurarla e impartirla en el caso de la Guardería ABC que costó la vida de 25 niñas y 24 niños y lesiones de distintos niveles de gravedad de otros cien infantes.

DE LOS PASILLOS

Tras la cancelación de la 28 Conferencia de Gobernadores Fronterizos que se llevaría a cabo en Arizona, los mandatarios del norte de México y sur de Estados Unidos acordaron reunirse en Santa Fe, Nuevo México, a fin de abordar temas de interés común como seguridad, cruces fronterizos y fenómenos naturales que impactan al región. Entre los 10 estados que comparten frontera hay 83 millones de habitantes que resultan afectados por la problemática compartida… Mientras tanto, en Phoenix, Arizona, se realizó la primera audiencia de una de las siete demandas que buscan impedir la entrada en vigor de la Ley SB1070. La juez federal Susan Bolton escuchó los alegatos en pro y en contra sin tomar alguna decisión.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)