25/09/2010 - 04:27
Por: Lilia Arellano
• Matanza de alcaldes
• Pascual “da línea” a FC
• Infringe Calderón la ley
• Está sordo Blake: PRI
• Insisten contra Godoy
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Septiembre 24 del 2010.- La gestión de Felipe Calderón es una administración fallida. Es incapaz siquiera de proteger y garantizar la vida de funcionarios de primer nivel. La ejecución de alcaldes se está convirtiendo en una macabra moda en el calderonato, ante la incapacidad, la ineficiencia, la corrupción y la complicidad de los servidores públicos e instituciones responsables de la administración y procuración de justicia en el país. Lo peor de todo es que estos asesinatos dan elementos a los propagandistas estadounidenses que nos están vendiendo el espejismo de la necesidad de una intervención directa de sus fuerzas armadas en territorio mexicano, como la única opción para garantizar la seguridad y la gobernabilidad del país, ante el surgimiento de una falsa narcoinsurgencia, que no es sino un mito genial de los estrategas militares gringos.
Tras el asesinato del alcalde del Dr. González, Nuevo León, Prisciliano Rodríguez Salinas y su chofer Eliseo López Riojas, y el atentado en contra del alcalde electo del municipio de Gran Morelos, Chihuahua, Ricardo Solís Manríquez, quien se debate entre la vida y la muerte, el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, no podía dejar pasar la ocasión para calificarlos como un “horror”, señalar que su país mantendrá el apoyo al gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y “dar línea” sobre lo que la gestión de Calderón debe de realizar a fin de hacer frente a la amenaza del crimen organizado.
La ocasión para el “experto” en “estados fallidos, no podría ser más propicia. Tan sólo en lo que va del presente año han sido asesinados 10 presidentes municipales de diferentes estados. El primero fue Ramón Mendivil Sotelo, alcalde de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quién fue ejecutado junto con el director del Cerezo, Valentín Gonzáles Aceves, el pasado 17 de Febrero; le siguió el presidente municipal de El Mezquital, Durango, Manuel Estrada Escalante, que fue baleado en un restaurante el 22 de Febrero; el 28 de Abril fue ejecutado a quema ropa José Santiago Agustín, presidente municipal de Zapotitlán Tablas, en Guerrero; el 19 de Junio un comando armado ejecuto al presidente municipal de Guadalupe, Chihuahua, Manuel Lara Rodríguez, en su propio domicilio.
Un día después, el 20 de Junio, el alcalde de San José del Progreso, Oaxaca, Oscar Venancio Rivera, fue asesinado junto con el regidor de Salud local, Misael Hernández; el 30 de Junio el presidente municipal de Santiago Domingo, Oaxaca, fue acribillado, tras participar en una propuesta con la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca (APPO); el 16 de Agosto un comando armado secuestro a Edelmiro Cabazos Leal, presidente municipal de Santiago, Nuevo León, quién fue encontrado muerto 2 días después; el 29 de Agosto, Marco Antonio Leal García, alcalde de Hidalgo, fue baleado por un grupo de sicarios; el 8 de Septiembre, Alejandro López García, presidente municipal, del El Naranjo, San Luís Potosí, fue ejecutado a quema ropa por un comando armando que irrumpió en su oficina; el 23 de Septiembre, el alcalde del Municipio Dr. González, Nuevo León, Prisciliano Rodríguez Salinas, fue ejecutado cuando llegaba a su rancho. Y esté viernes el alcalde electo del municipio de Gran Morelos, Chihuahua, Ricardo Solís Manríquez, fue atacado por un comando armado y al cierre de estás líneas se debatía entre la vida y la muerte.
Es este el telón de fondo en que se da el intervencionismo del embajador estadounidense: tras participar en el panel “la buena nutrición, ruta hacía la prosperidad”, organizado por la American Chamber, el diplomático consideró que las autoridades mexicanas están preparadas para confrontar la amenaza a la población de una manera más general. Sin embargo, afirmó que indispensable replantear las necesidades en cuanto a policías estatales y municipales para el combate a la delincuencia, así como reforzar la función, las instituciones de justicia y de los fiscales en el país. También instó a las autoridades federales mexicanas a continuar con las acciones para la captura de los delincuentes, para que sean procesados, sentenciados, encarcelados y que se queden en prisión, ya que, dijo, “es una parte básica”.
Pascual hizo hincapié en las sentencias, las cuales, indicó, “van a enseñar a las personas que están involucradas con los cárteles que hay un costo por los secuestros, extorsión y robo, porque no es solamente que están involucrados en el tráfico de drogas, sino también con el crimen organizado”. Al referirse al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, en el que la administración Obama ha tenido un gran fracaso para interceptar armamento, Pascual eludió la cuestión de fondo y se concretó a señalar que en la Unión Americana se ha reforzado la inspección a vehículos y trenes que viajan de Norte a Sur, además de que se ha incrementado a más de 10 mil el número de elementos de la Patrulla Fronteriza. Recordó que mientras había 17 mil policías fronterizos en la administración de George Bush, ahora se cuenta con 27 mil elementos que hacen una inspección muy focalizada en el tema del tráfico de armas. Presumió también que se ha implementado con el gobierno mexicano un sistema electrónico que permite tener las cifras y la procedencia de armamento decomisado, lo que ha derivado en “operativos exitosos y la detención de traficantes”, aunque no brindo datos que sustentarán estas afirmaciones.
La indolencia de la administración federal calderonista ante la ejecución de alcaldes mantiene sumamente preocupados a los gobiernos estatales. Ante la ejecución del alcalde Prisciliano Rodríguez Salinas, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, sostuvo que los delincuentes del crimen organizado “no nos van a derrotar” y advirtió que “no nos doblegaremos en está lucha”. El mandatario señalo que “he dado instrucciones al procurador general de justicia para esclarecer los hechos y castigar a los responsables de esté cobarde asesinato. Así mismo, he instruido al grupo de coordinación para que refuerce la vigilancia conjunta en aquella zona del estado. Acciones todas ellas que más parecen una aspirina para enfrentar un peligroso cáncer social que una verdadera estrategia para erradicarlo.
CALDERON AL MARGEN DE LA LEY
A pesar de los hechos, de las evidencias, de las pruebas, de las decenas de miles de muertos y de los llamados cínicamente “daños colaterales”, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, insistió en el Congreso en que “hoy en día las organizaciones criminales tienen menos espacios de impunidad, los grandes grupos están inmersos en procesos de debilitamiento, el Estado mexicano tiene hoy mejores instrumentos para combatir la delincuencia organizada” y reiteró que por las circunstancias del país, el tema de la seguridad es prioritario.
Durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, José Francisco Blake Mora ocupó más de cinco horas para dar una respuesta endeble, inadecuada e inapropiada a los cuestionamientos de los legisladores priistas sobre la conducta ilegal de Felipe Calderón y sus llamados a que respete la legislación electoral. La diputada priístas Claudia Ruiz Massieu le reprochó al secretario de Gobernación evadir la respuesta a los cuestionamientos de los legisladores de su partido en torno a la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que el inquilino de Los Pinos violó la Constitución, al intervenir en elecciones locales.
Blake eludió responder a la pregunta: “¿qué va a hacer para evitar que el Presidente intervenga en elecciones y para que respete la legislación en materia electoral a fin de que haya comicios en tranquilidad? Ruiz Massieu también le demandó al funcionario contestar la propuesta del PRI a que Felipe Calderón firme un Pacto de Neutralidad Política para ese efecto, a lo que también se negó a responder el responsable de la política interna del país. Los diputados priistas preparan la presentación de cargos contra Calderón, a quien reprueban por la violación de la Constitución, al tener injerencia en procesos electorales, como lo señaló el TEPJF. La misma diputada emplazó a Blake a no dejar pasar el hecho de que Calderón acudió el miércoles pasado a la celebración del aniversario del PAN, “como militante activo, como un reto a la ley”.
Ante la impasibilidad del funcionario, Ruiz Massieu le exigió “no caer en la tentación de la sordera”, pues en sus comentarios no dio respuesta a los cuestionamientos. Lo que si se vio obligado a reconocer Blake es que el titular del Ejecutivo Federal, es decir, Felipe Calderón, debe respetar la ley, al igual que los gobernadores y los alcaldes. Fue hasta la cuarta de cinco rondas, cuando el secretario de Gobernación contestó que en el gobierno de Calderón “hay pleno respeto a las disposiciones electorales”, y justificó que la ley electoral que limita la publicidad “debe ser perfeccionada”. Argumentó que cuando Calderón salió en cadena nacional lo hizo con “mensajes necesarios”, por lo que subrayó que se debe dar claridad a las fechas en que ello pueda realizarse, porque en cualquier escenario las instituciones deben funcionar. También indicó que cuando se pide que el titular del Ejecutivo respete la legislación, el llamado debe ser para todos, “no sólo para el Presidente, sino también los gobernadores, alcaldes y las dirigencias de los partidos políticos”.
VAN TRAS GODOY
En lo que si no dudó Francisco Blake fue en advertir que solicitarán a la Cámara de Diputados que abra juicio de procedencia al legislador del PRD, Julio César Godoy Toscano, a fin de que pueda ser juzgado por el delito de delincuencia organizada, dentro del proceso de persecución al grupo delictivo “la familia michoacana”. El funcionario sostuvo que hay elementos para abrir el proceso de desafuero y consignar ante un juez al medio hermano del gobernador de Michocán, Leonel Godoy, quien pese al cerco de la Policía Federal al Palacio de San Lázaro, pudo burlar la vigilancia, tomar protesta como representante popular y obtener fuero.
El propio Godoy Toscano consideró que tanto la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría General de la República “están en su derecho de realizar lo que consideren pertinente” y dijo que él mismo asumirá su defensa ante un posible desafuero porque, reiteró “sigue habiendo una persecución política en mi contra por cuestiones electorales”. Sobre las advertencias de la administración federal para que se cumpla la nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada, señaló que “seguramente ganaré más fácil este amparo porque la imputación de delincuencia organizada es más endeble que las otras cuatro averiguaciones previas en mi contra por delitos contra la salud, y que se han tumbado de manera legal”.
Por su parte, el gobernador michoacano, Leonel Godoy, exigió que el Ministerio Público no sea utilizado como instrumento político y confió en que el grupo parlamentario del PRD haya tomado la mejor decisión para que el diputado federal se incorpore a sus tareas. Sobre la insistencia de los funcionarios federales de cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de Godoy Toscano y buscar su desafuero, el mandatario manifestó que espera que esto se resuelva conforme a la ley. Por otra parte, luego de la liberación del ex procurador de Justicia del Estado de Michoacán, Miguel García Hurtado, uno de los principales implicados en el llamado “michoacanazo”, Leonel Godoy consideró este hecho como una posible lección para perfeccionar la justicia penal en México.
DE LOS PASILLOS
Human Rights Watch (HRW), Observatorio de Derechos Humanos, organización con sede en Washington, pidió a Felipe Calderón respeto a los derechos humanos en el combate contra los cárteles de la droga. En una carta abierta del director para América de la ONG, José Miguel Vivanco, considera que el inquilino de Los Pinos emite “mensaje contradictorios” que “menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales” en el combate al crimen organizado. HRW recuerda que en diciembre de 2006, Calderón involucró al Ejército mexicano en la lucha antidrogas, que ha dejado más de 28 mil asesinatos, y subraya que con el despliegue militar, “se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos”, por lo que “se han denunciado torturas y asesinatos por parte de soldados mexicanos que no han sido investigado”… El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, anunció que presentarán un recurso legal contra la resolución del juez que frenó el jueves la entrega a Televisa-Nextel de los títulos que le concedió la Comisión Federal de Telecomunicaciones en el fallo de la licitación para explotar las frecuencias del espectro radioeléctrico móvil de tercera generación.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)

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