Debatir el mando único

FELIPE VICENCIO ÁLVAREZ

La situación es crítica. Según reporta un informe elaborado en 2008 por el especialista Edgardo Buscaglia, el 63 por ciento de los municipios mexicanos estaría penetrado por la delincuencia organizada, principalmente el narcotráfico. Actualmente este porcentaje se habría incrementado a 74 por ciento. Se trata de una estrategia de ocupación de las instituciones del Estado a partir de su flanco más débil: los gobiernos municipales.

El municipio mexicano es débil económica e institucionalmente. Su precariedad económica deriva del esquema de distribución de los recursos fiscales, que concentra en el gobierno federal la mayor parte de los mismos dejando a los gobiernos estatales una proporción menor y a los municipios una cantidad insignificante. Su precariedad institucional se origina en la ley misma. Apenas en 1983 nuestra Constitución definió con claridad sus atribuciones específicas. Si bien eso contribuyó a darle carácter como base de la organización política de los estados –lo mismo que reformas subsecuentes que lo han afianzado como un orden de gobierno a la par del estatal y el federal– persisten ambigüedades por las que se considera al municipio más como una instancia meramente administrativa que cabalmente política. Si a lo anterior se añade la prohibición de la reelección de autoridades que ejercen su tarea en breves lapsos trianuales, con la consecuente sustitución de programas y rotación de equipos, es explicable el perfil de gobierno disminuido que frecuentemente se le atribuye.

En México hay más de 2 mil 400 municipios. Aunque la fracción III del artículo 115 de nuestra Constitución establece que la seguridad pública es una de sus funciones propias, en 400 de ellos no hay cuerpos de policía. En los que sí hay, según datos oficiales, uno de cada cinco policías gana apenas mil pesos al mes, el 60 por ciento de ellos percibe menos de 4 mil pesos al mes y el 70 por ciento apenas tiene educación básica. Mal armados y peor entrenados, tienen a su cargo garantizar la seguridad en territorios que el crimen organizado busca controlar –con poderoso armamento y logística compleja y avanzada– para asegurar la producción o la distribución de droga.

En la medida en que el narcotráfico pretende apoderarse de las instituciones del Estado se justifica que algunos políticos norteamericanos se refieran al fenómeno como una “narcoinsurgencia”, aludiendo a lo ocurrido hace tiempo en países como Colombia o Italia. Para combatirla eficazmente, el gobierno federal resolvió hacer suya la propuesta unánime de la Conferencia Nacional de Gobernadores y presentarla recientemente como iniciativa de reformas constitucionales al Senado: establecer el mando único para los cuerpos policiacos del país, articulados en torno a 32 policías estatales, con el propósito de homologar la política pública de seguridad en los estados y contar con una mayor capacidad de respuesta en beneficio de la sociedad.

Indiscutiblemente es una iniciativa oportuna. La ostensible penetración del crimen organizado se puede contener mejor si se blinda el flanco débil que ofrecen en esta confrontación los municipios. La heterogeneidad de las policías municipales así como su deficiente equipamiento y capacitación impiden que la autoridad reaccione con oportunidad y eficacia. Esta situación ha sido además argumento gubernamental para justificar que el Ejército haga uso de su atribución constitucional de garantizar la seguridad interior, tarea de la que podría ser relevado si se dispusiera de una fuerza policiaca preparada y eficaz. El Consejo Coordinador Empresarial, entre otras voces que se han manifestado a favor de esta iniciativa, ha urgido a los legisladores a aprobarla.

El momento parece urgir una medida como esta. Pero no está de más recordar que la debilidad de los municipios que hoy la pretende justificar es consecuencia del reiterado desdén del Gobierno Federal y de los estados, lo mismo que de la arrogancia del Poder Legislativo. No sin hipocresía sostenemos que en México el municipio es libre, tal como reza el texto constitucional, pero no nos hemos hecho cargo de la advertencia que el diputado Heriberto Jara planteó al respecto en los debates de 1917: la libertad política de los municipios jamás será posible si la libertad económica no les está asegurada.

Con la propuesta del mando único policial se podrá dar respuesta a la crisis del momento, pero se corre el riesgo de desmantelar aún más al ya de por sí maltrecho municipio mexicano, con graves consecuencias para nuestra democracia. Además, dejar en manos de los gobernadores el control de las policías no significará necesariamente alejarlas del riesgo de la penetración del crimen organizado, capaz de corromperlo todo. Por añadidura, el senador Ramón Galindo ha advertido: “No quiero pensar que el interés de los gobernadores sea sobre todo presupuestal, pues la centralización de la función policiaca implicaría (para el 2011) dejar en sus manos una bolsa de 13 mil 800 millones de pesos”, muy útiles incluso para propósitos que no tendrían que ver con la seguridad. El tema merece un amplio debate y una decisión responsable.