ENTRE CÓDIGOS

JESÚS ARANDA TERRONES

Guillermo Ortiz Mayagoita, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: FOTO NOTIMEX

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia este lunes la discusión sobre el amparo presentado por un grupo de intelectuales en contra de la reforma al artículo 41 constitucional. El tema no es menor, porque en realidad están en juego las reglas que regirán el proceso electoral para la presidencia en el año 2012.

Formalmente, la demanda plantea la inconformidad de los quejosos por la norma referida con el argumento de que vulnera “los valores superiores del estado democrático de derecho y el derecho a no asociarse”.

En los hechos, lo que está en juego es la posibilidad de las televisoras y grupos empresariales de dar marcha atrás a una iniciativa que tuvo como premisa fundamental garantizar la equidad en la contienda electoral y que no se repitan hechos como la campaña sucia que encabezó Felipe Calderón y que secundaron los poderes fácticos en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Por obvias razones, los ministros buscarán dejar en claro que el tema es estrictamente jurídico, que se analiza la procedencia de este amparo en contra de una reforma constitucional y si los quejosos tienen razón al señalar que hubo vicios de procedimiento en el proceso legislativo y promulgación de la reforma.

También argumentarán, en caso de que el proyecto de dictamen que presentará ante el pleno del ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoita en el que se niega el amparo sea rechazado por la mayoría, que la Corte no está en condiciones de poner en una balanza qué derechos fundamentales deben prevalecer sobre otros en la Carta Magna.

Lo anterior, porque si la discusión llega hasta el punto que plantean los demandantes, cuya defensa legal encabeza Fabián Aguinaco, hijo del ex presidente de la SCJN, Vicente Aguinaco Alemán, los ministros tenían que tomar una decisión histórica e inédita.

Determinar qué garantías individuales son más importantes o que deben prevalecer sobre otras. Por un lado, el derecho a no asociarse para poder realizar campañas a favor o en contra de candidatos fuera de los partidos políticos, o bien, el derecho que garantice a todos la equidad de los procesos electorales.

Un funcionario judicial criticaba el amparo de los intelectuales y me decía que su postura de alegar que sus derechos son vulnerados porque no pueden expresarse “libremente” en los medios electrónicos en espacios que cuestan millones de pesos el minuto carece de validez, cuando la inmensa mayoría de la población carece de los recursos suficientes para su sustento y de su familia.

Aún está abierta la herida que abrió la pasada campaña presidencial, en donde los grandes grupos empresariales, apoyados en las televisoras privadas, utilizaron los medios electrónicos para denostar abiertamente a quien no era su candidato sin límite alguno.

La reforma al artículo 41 constitucional pretendió enmendar la situación y su prueba de fuego la tendrá en el proceso electoral de 2012.

Esperemos que los ministros no le quiten los dientes a una norma que aún no ha demostrado sus bondades.

Lo que ocurrió el miércoles pasado en la primera sala de la SCJN debe llamar a la reflexión por varios motivos:

No sólo quedó en evidencia una vez más la necesidad de que se designe al ministro que suceda a José de Jesús Gudiño Pelayo, porque los amparos relacionados con el menor que fue violado en el Instituto San Felipe de Oaxaca quedó empatado a dos votos.

También llamó la atención la virulencia de los ataques del ministro Juan Ramón Cossío Díaz al proyecto elaborado por Olga Sánchez Cordero.

Cossío usó términos duros, como decir que el proyecto era deficiente, que no había valorado bien las pruebas y de plano que carecía “de metodología de análisis”.

Algo pasa al interior de la primera sala que es urgente resolver.

Esta sala puso el ejemplo el año pasado al adoptar resoluciones en las que antepuso el respeto al debido proceso, en contra de la fabricación de pruebas y anuló la intención gubernamental de criminalizar la lucha social (recuérdese la decisión de liberar a los acusados de la matanza de Acteal, los presos de San Salvador Atenco y a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González de Querétaro).

Si bien la primera sala sufrió un cambio importante en su integración en los últimos meses –con la muerte de Gudiño Pelayo y el ascenso de Juan N. Silva Meza a la presidencia de la Corte, quien fue relevado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia–, sería una pena que los avances logrados en materia de respeto a los derechos humanos fueran echados por la borda por razones que parecen no ser necesariamente jurídicas.

jaranda@jornada.com.mx