Suplantación

FELIPE VICENCIO ÁLVAREZ

José Jorge Balderas Garza, El JJ Foto: FOTO NOTIMEX

 

Los medios electrónicos van suplantando a las instituciones legítimamente establecidas en diferentes campos de la vida social. Su poder ha ido desplazando a los poderes instituidos de un régimen que se cuartea. Hoy son impensables en México las candidaturas, los procesos electorales, la elección de gobernantes, así como los programas de asistencia y de desarrollo social y hasta la actividad educativa misma sin el concurso rector de los medios. Uno de los ámbitos en los que de manera inquietante van asumiendo un papel cada vez más protagónico es en el de la procuración de justicia.

Desde hace algún tiempo, y con la vergonzosa colaboración de las autoridades, la televisión se inmiscuye en operativos policiacos, participa “en vivo” en la detención de presuntos delincuentes u obtiene en primicia las declaraciones de detenidos incluso antes de que las autoridades establecidas para ello puedan conocerlas. El procedimiento tradicional establecido en la ley y que dicta que la policía ponga al sospechoso o al infractor a “disposición de las autoridades” se ha ido transformando. Ahora se les pone a disposición… de la televisión.

Esta forma de participación trastoca los procedimientos de impartición de justicia y no pocas veces los obstruye. El 9 de diciembre de 2005 la PGR anunció el desmantelamiento de la banda de secuestradores Los Zodiaco, de la que formaría parte la francesa Florence Cassez. Pudimos ver en televisión el operativo de la AFI irrumpiendo en un rancho cerca de Cuernavaca para liberar a tres personas y detener a los delincuentes. Dos meses después la autoridad reconoció que lo transmitido había sido una recreación. La detención real se habría dado antes en otras circunstancias, pero la autoridad consideró que la dramatización sería útil como material propagandístico. Ese hecho ha sido argumento fundamental de la defensa de la francesa para impugnar el proceso que derivó en la sentencia de 60 años dictada por los jueces mexicanos y ocasión incluso de diferencias diplomáticas con Francia.

Por su parte, la televisión local ha encontrado una forma económica de producir material ahorrando guionistas y actores: El show de la barandilla. Con la abyecta cooperación de las autoridades municipales, la televisión graba a los detenidos del fin de semana por faltas administrativas, la mayoría relacionadas con el consumo del alcohol y sus consecuencias. Unas preguntas son suficientes para que los detenidos –en las condiciones en que se encuentran– ofrezcan diversión al teleauditorio a costa de su dignidad (los casos más memorables se han abierto espacio en el escaparate de YouTube). El escarnio público al que son sometidos y la ostensible violación a sus derechos ha dado lugar a propuestas para limitar el acceso de la televisión a los “separos”, como la de los regidores panistas de Zapopan en 2008, que fue rechazada por los priístas con argumentos patéticos: Jesús Casillas esgrimió entonces el derecho a la información de todos los ciudadanos, César Alfaro dijo que la fraternidad momentánea que viven los detenidos evocaba la causa de la Revolución Francesa y Martín López argumentó que gracias a ese programa algunos presos tenían la oportunidad de saludar a su familia. En el fondo se trataba de seguir otorgando todas las facilidades a televisión en espera de la retribución correspondiente.

José Jorge Balderas, El JJ, presunto agresor del futbolista Salvador Cabañas, fue detenido el pasado 18 de enero y puesto también a disposición de la televisión. Televisa y TV Azteca lo pudieron entrevistar un día después; más de 25 minutos la primera y más de 11 la segunda. En ambos casos respondió prolijo todo lo que sus entrevistadores le plantearon sobre las circunstancias de la agresión al futbolista y su participación en ella. Paradójicamente, el inculpado se negó a declarar ante la Procuraduría del Distrito Federal. A propósito de este caso, el especialista Miguel Carbonell ha advertido con razón que estamos creando tribunales mediáticos que no observan el debido proceso y cuyas resoluciones no corresponden al resultado que los eventuales juicios pudieran tener.

Se está estableciendo un nuevo procedimiento jurisdiccional: la televisión se involucra en una incierta procuración de justicia y traslada a los televidentes, y sobre todo a los comentaristas o conductores, la tarea de valorar las pruebas para resolver sobre la culpabilidad o inocencia de los detenidos. La intervención de los jueces es secundaria y su resolución se formula cuando la sentencia popular ya se ha emitido. La justicia se manosea –se desvirtúa– y la sociedad pierde de su mirada a quienes por ley, con atribuciones legítimas, deberían administrarla, embelesada con este nuevo espectáculo montado por la televisión con la absurda colaboración de las autoridades. El poder de la televisión se sigue expandiendo, cubriendo espacios que corresponden a otras instituciones, sin la contención que podría procurar el equilibrio necesario para garantizar los derechos de todos. Alguien tiene que ser responsable.