Por: Lilia Arellano
“El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal”: Aristóteles• Opacidad en narcoguerra
• $12 mil millones en partida secreta
• Despilfarro carcome el presupuesto
• Oscuro manejo de $90 mil millones
• Crece el miedo entre los mexicanos
• Feminicidios, sin perdón ni justicia
sigue presentando zonas tan oscuras como el hallazgo de los más de 200 millones de dólares en efectivo en poder de Zhenli Ye Gon. Se trata de la información obtenida de la Auditoría Superior de la Federación sobre una partida presupuestal que aparece bajo el número 33701 y que refiere “gastos confidenciales” de las distintas dependencias encargadas de la seguridad y que han erogado 12 mil millones de pesos, es decir, mil millones de dólares.
Al respecto, el diputado petista Mario Di Costanzo sostiene que tendrá que ser el propio auditor y los responsables del IFAI los que aclaren dicha partida secreta ya que constitucionalmente éstas se encuentran prohibidas, aunque lo más reprochable es que se suman a los más de 154 mil millones de pesos que les han aprobado como presupuesto para el próximo año a los encargados de la seguridad en el país, es decir a los de la Sedena, Marina, Seguridad Pública Federal, PGR y Cisen, quienes año con año se han visto beneficiados con grandes incrementos en sus partidas presupuestales, los cuales tienen destinos absurdos ya que no se emplean ni para inteligencia ni para prevención de drogadicción.
Los resultados que se han obtenido no han dejado a nadie satisfecho y el dinero que se ha gastado es mucho para tan escasos resultados, ya que ni siquiera puede decirse que las mafias que supuestamente han desmembrado están todas tras las rejas pues hemos sido testigos de que ante la falta de pruebas presentadas por la propia PGR la inmensa mayoría de los detenidos son dejados en libertad, independientemente de que no se les logran incautar bienes, ni se sabe el destino de los famosos “botines de guerra”, además de que como no hacen labores de inteligencia ni siquiera logran detectar todas sus propiedades y cuando lo hacen muchas de ellas tienen que ser devueltas.
Tampoco se conoce del decomiso de drogas y desde aquel escenario en el que nos dijeron que agarraron a varios trailers –todos circulaban en la misma carretera, formaditos, con la mercancía hasta en envases clasificados por colores- no se conoce de otro cargamento decomisado, independientemente de que tampoco se informó cuál fue el destino final de toda esa droga. Todas esas retenciones de droga, de dinero, de joyas, ¿dónde están? ¿Cómo las registran? ¿Quién las tiene? Di Costanzo abunda en la feroz corrupción que rodea a las fuerzas destinadas a garantizar la seguridad y sostiene que los diputados van a exigir que se aclaren de una vez por todas estos puntos ya que son los que explican las grandes fortunas y el patrimonio tal abultado que hombres como Genaro García Luna logra amasar como “producto de su trabajo”.
Advierte el legislador que saltan a la vista las mentiras del grupo de Calderón ya que al momento de enviar los presupuestos le destinan, por ejemplo, a la inteligencia financiera 87 millones de pesos, a la labor de prevención contra las drogas le reducen 250 millones y le entregan a Hacienda para sus boletines pagados de comunicación 230 millones de pesos. O sea que para lo importante no hay, pero para la difusión de todo lo que consideran logros financieros o económicos o persecuciones fiscales si cuentan con dinero y hasta de sobra. Este tema y todo lo relacionado con esa ”partida secreta”, será tratado en la Comisión de Presupuestos ya que a decir del petista es el momento adecuado para ponerle candados al dinero y evitar tanta trapacería, toda vez que se desconoce de donde salieron esos 12 mil millones de pesos porque no aparecen en el presupuesto de este año y tampoco se sabe a que se destinaron, ya que una cosa es guardar o clasificar cierta información por el carácter de la misma y otra muy diferente la opacidad que guarda la marcada con el número 33701 y que la emplean en distintas dependencias de seguridad.
A esta información se une la de la organización Gestión Social y Cooperación misma que les fue entregada a los legisladores panistas en la que se habla que de los 132 programas sociales que reciben subsidios o bienes federales, 70 de ellos no rinden ningún informe y se trata de un manejo a discreción de 90 mil millones de pesos. En este caso tal parece que tampoco vieron que existe una falta total de rendición de cuentas en esos programas entre los que se incluye el famoso OPORTUNIDADES y se dieron el lujo de aumentar 58 mil millones de pesos más para el ejercicio del año próximo. Dentro de este paquete beneficiado con más presupuesto y menos rendición de cuentas están otros tanto de la Semarnat como de Sagarpa, todos dentro de la familia panista más rancia.
Así, en tanto crecen los presupuestos también va en aumento la percepción sobre la inseguridad que reina en el país. Según el INEGI, los mexicanos sentimos más inseguridad y el índice que mide esta percepción marca 97 puntos, lo cual presenta un crecimiento de más de un punto con relación al mismo periodo del año anterior, lo cual demuestra una vez más que pesan más las acciones de la mafia, las de la delincuencia organizada en todos sus rubros, que las que emprende la policía en sus diversas corporaciones dejando muy en claro el inútil gasto que en estos renglones están haciendo a costa de disminuir las cuestiones de orden social y el empleo que son factores que inciden en el crecimiento de la delincuencia.
Y si bien ha sido visto favorablemente el que el Consejo de la Judicatura Federal signara un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para contar con información y documentación sobre las cuentas bancarias de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el que tal tratamiento no se extienda a los policías y a la milicia siembra una serie de dudas. Hay un dicho muy popular que dice que a los jueces “plata o plomo” y como últimamente no se sabe nada del plomo suponen que lo que debe haber es plata y ahora es cuando tendrán oportunidad de saberlo y dar a conocer los nombres de quienes no merecen estar al frente de la aplicación de la Ley.
Este acuerdo permite la revisión del patrimonio del funcionario de menor rango hasta el de los propios consejeros de la Judicatura y del ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia. De tal manera que cuando el pleno del Consejo o el contralor advierta una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal se ordenará dar vista al Ministerio Público de la Federación por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal, a la CNBV y a la Secretaría de la Función Pública, según corresponda. Una buena limpia no está para nada de más sobre todo si se hace extensiva a los de la policía, ¿no cree usted?
SIN PERDON
A finales de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano porque éste violó los derechos de tres jóvenes que aparecieron asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, al no establecer medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad, y por la falta de diligencia en la investigación de los crímenes. Estableció que se debían reanudar las investigaciones, realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y levantar un monumento a las víctimas. A dos años de distancia de esa resolución y después de una década aún se desconoce quienes son los autores de esos feminicidios, al igual que de los cientos más de mujeres cuyos cuerpos aparecieron, desde 1993, en zonas desérticas y alejadas, algunas violadas y mutiladas.
Hoy, sólo por dar cumplimiento a esa resolución, que únicamente condena al Estado mexicano por los asesinatos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, la administración de Felipe Calderón, a través del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora Castro, pidió “perdón” y reconoció su responsabilidad “por la violación de los derechos a la vida, integridad personal”. También admitió que ha incurrido en diversas violaciones de derechos humanos y aceptó el incumplimiento de su deber de investigar, por la violación al deber de no discriminar, por la violación a los derechos del niño por las irregularidades en las primeras etapas de investigación.
La inauguración del “Memorial Campo Algodonero”, la petición de perdón y la disculpa pública de una administración fallida en el tema de la administración y procuración de justicia, no bastan ante el imperio de la impunidad, la negligencia y la corrupción que prevalece en los órganos del Estado competentes, o mejor dicho, incompetentes. No resuelve nada, no ciertamente las agresiones sistemáticas sufridas por las mujeres desde hace años; no cubre las negligencias y errores en las investigaciones; no subsana el daño y tratamiento que recibieron los familiares de las víctimas por parte de las autoridades; no solventa los años de lucha, de incertidumbre, de hostigamiento y zozobra que estas familias han pasado buscando justicia y que seguirán pues no se ha localizado a los responsables.
Como tampoco 36 millones de pesos que presuntamente se entregarán el año entrante a los padres de 48 niños afectados por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el pasado 5 de junio de 2009, cubrirán ni siquiera un poco la gran pérdida sufrida por la corrupción y complicidad de autoridades federales y de particulares ligados a los primeros círculos del Ejecutivo federal y estatal. Lo peor de todo es que la justicia para ellos se ve cada día más lejana pues los principales funcionarios implicados, es decir los de más alto nivel, han sido recubiertos por una gruesa capa de impunidad y, no sólo eso, sino que siguen operando desde otras posiciones, también de primer nivel.
Urge aún que el Estado cumpla sus responsabilidades, que las investigaciones den con los responsables, que sean procesados y castigados y que se tomen las medidas indispensables para que estos asesinatos no vuelvan a ocurrir. Urge, en síntesis, simple y sencillamente: ¡Justicia!
DE LOS PASILLOS
En una olla de tamales quemados se convirtió la presentación del ensayo “El futuro es hoy ¿para qué queremos gobernar? del senador priista Manlio Fabio Beltrones, a la que asistieron los ex candidatos presidenciales perdedores Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), Francisco Labastida (PRI) y Diego Fernández de Cevallos (PAN), en donde se llamó a construir gobiernos de coalición basados en “acuerdos programáticos” que instauren un nuevo sistema de planeación como elemento fundamental para salir del desastre en que se encuentra México y los mexicanos tras tres décadas de neoliberalismo que sólo ha dejado desigualdad y subdesarrollo. Este grupo de aspirantes perdedores a la primera Magistratura de la Nación coincidió en que en la elección del 2012 no se alcanzarán las mayorías en las cámaras por lo que debe considerarse la constitución de un gobierno de coalición, en el que obviamente ellos y sus grupos políticos tengan cabida.
Al PRD se le sigue haciendo bolas el engrudo y este fin de semana sólo pudo cumplir a medias la reposición de su elección interna de consejeros nacionales y estatales. De cinco estados pendientes, sólo sacó avante tres (Distrito Federal, Veracruz y Zacatecas) y el proceso se suspendió otra vez en Oaxaca y Chiapas. No obstante, la Comisión Nacional Electoral del “Sol Azteca” aseguró que se tendrán nuevos consejeros en 29 entidades con lo que podrán instalar parcialmente el 80 por ciento de su Consejo Nacional. Difícil se ve que haya otra elección en las entidades faltantes por lo que se piensa en negociar “planillas de unidad” y ahorrarse más broncas internas.
El aspirante a la candidatura presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, oficializó su entrada a Twitter, a través de la cuenta @EPN. Cabe destacar que dicha cuenta se creó desde el 29 de marzo de 2009 y sin embargo no se ha enviado ningún tweet hasta el momento. Según el diputado Luis Videgaray, colaborador cercano al ex mandatario del Estado de México, Peña Nieto tiene pensado empezar a tuitear en los próximos días. Habrá que estar pendiente para ver hasta cuando aguanta la buenas intenciones del mexiquense de mantenerse en contacto con sus seguidores a través de este medio, ya que sin duda alguna las criticas y cuestionamientos por parte de los ciudadanos estarán a la orden día y no se descartan por supuestos hasta los tradicionales recordatorios familiares.
Si algo ha quedado claro en las campañas políticas por el gobierno del Estado de Michoacán, es el despilfarro y el derroche de recursos de la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón, alias la “cocoa”. Sus adversarios políticos, Silvano Aureoles del PRD y Fausto Vallejo Figueroa del PRI, coincidieron en señalar que a unas horas de que se cierren las actividades proselitistas se acentúa el “derroche” de recursos en la campaña de la aspirante panista y reclamaron que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no haya intervenido para frenar la inequidad en el proceso. El perredista denunció el temor de los consejeros electorales para sancionar a la hermana del inquilino de Los Pinos, cuya candidatura, dijo, debería ser cancelada al rebasar los topes de campaña. En respuesta,. La “cocoa” retó a sus oponentes a presentar las denuncias correspondientes y presentar pruebas de que rebasó los topes de campaña. Es decir, “si y….”
(lilia_arellano@yahoo.com)
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