Por: Lilia Arellano
En México, la actitud “autoritaria” y ”represiva”, como la calificaron varios activistas, del inquilino de Los Pinos, provocó este martes que un grupo de al menos cien manifestantes se presentarán ante la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para “entregarse”, luego de que la oficina de la Presidencia de la República advirtiera que investigarán las denuncias de los quejosos y tomarán las medidas legales de ser necesario. Los inconformes, entre los que se encuentran promotores de derechos humanos, como Jesús Robles Mallof, anunciaron que a su movimiento se han sumado escritores como José Agustín y Andrés Ramírez, quienes están a favor de que Calderón sea juzgado “por la guerra” en el país.
Entre los principales líderes del país, las reacciones son contrastantes: para Andrés Manuel López Obrador, que la mañana de ayer hizo las paces con los dirigentes de Nueva Izquierda, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, en aras de la unidad del PRD, la repuesta de la administración federal “se exageró”; mientras que para Enrique Peña Nieto, precandidato presidencial del PRI, “no tiene sustento la denuncia” presentada ante la CPI; lo mismo opinaron los aspirantes presidenciales del PAN, Ernesto Codero y Santiago Creel. Sin embargo, la opinión de los políticos mexicanos en este proceso legal internacional que apenas inicia carece de peso, toda vez que “la reacción que pueda tener un gobierno, a un comunicado presentado por un individuo, grupo u organización, no afecta en absoluto el desempeño, ni los procesos del fiscal”.
Francesca Vargas, coordinadora para América Latina de la Corte Penal Internacional, sostuvo que “(La CPI) no se mueve por inercia política, sino con estricto apego a los Estatutos de Roma”, los cuales permiten a cualquier interlocutor, ya sea individuo, grupo o asociación civil, presentar al fiscal documentación para invitarlo a abrir una investigación, y es el fiscal quien decide, en este caso Luis Moreno Ocampo.
Como se lo informamos a través de estas mismas líneas, Netzai Sandoval, a nombre de un colectivo de 23 mil mexicanos, acudió a la CPI a entregar documentación sobre abusos cometidos por militares y federales en el contexto de la lucha contra el narco y con ello demostrar que el gobierno no está haciendo nada para castigar y evitar dichos delitos que, sostienen, incluyen tortura, “levantones” y desapariciones. La denuncia del expediente incluye 470 casos de violaciones al derecho internacional cometidas por las fuerzas federales.
Luego de darse a conocer la denuncia, la administración calderonista tuvo una reacción sobredimensionada y amenazó que explora todas las alternativas para proceder legalmente contra los denunciantes por lo que calificó de “calumnias” a la persona de Felipe Calderón e integrantes de su gabinete. Esta es la primera vez que la CPI observa que un gobierno reacciona amenazando a los demandantes con acciones penales. “Es bastante fuerte que un Estado emita este tipo de comunicación cuando un grupo de personas envía comunicaciones a la fiscalía”, destacó Francesca Vargas.
A pesar de que el tribunal examina desde 2006 acusaciones contra el Estado colombiano, la guerrilla y grupos paramilitares por crímenes de guerra y lesa humanidad, el proceso ha seguido su curso y se ha caracterizado por la pluralidad de las opiniones. De acuerdo por lo señalado por Francesca Vargas, en el caso colombiano, Organizaciones No Gubernamentales exigen la intervención de La Haya pues, aseguran, el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, mientras que el gobierno colombiano, por su parte, utiliza todo foro para decir que trabaja para investigar y perseguir toda acusación que pudiera ser competencia de la Corte.
La sobredimensionada reacción de la administración calderonista, sólo enardeció a los denunciantes, quienes acudieron a la PGR a “entregarse”. Ahí, el subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales, Alejandro Ramos, manifestó su intención de atender las peticiones de los firmantes de la denuncia ante la CPI, sin embargo los inconformes lo recibieron a gritos y le pidieron que se retirara. Amilkar Sandoval, un economista que convocó al acto y cuyo hermano es uno de los que elaboró la denuncia, señaló que “tenemos derecho a denunciar, es más, tenemos obligación de hacerlo. No somos unos calumniadores, ni defendemos al crimen organizado”. Agregó que los ciudadanos no tienen miedo por el anuncio de Los Pinos de que podría tomar acciones legales contra los firmantes de la denuncia.
Entre los manifestantes se encontraban el productor Epigmenio Ibarra, el general en retiro Francisco Gallardo, John Ackerman, Andrés Ramírez, entre otros. Zazil Carreras, una de las líderes del movimiento, aseguró que el comunicado de Presidencia muestra que “Calderón esta desesperado”. Dijo que “él tiene miedo que la historia lo juzgue, pero es mejor que se la Corte Internacional de La Haya quien lo juzgue”.
Como era de esperarse, los aspirantes presidenciales del PAN, Ernesto Cordero y Santiago Creel, tomaron la defensa de la administración de Felipe Calderón en este caso que apenas está iniciando. Sin embargo, el mejor argumento a su favor llegó de alguien que los observadores políticos bisoños no se lo esperaban: del precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, quien aseveró que “no tiene sustento” la denuncia que un grupo de personas presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el titular del Ejecutivo mexicano.
El mexiquense defendió a Felipe Calderón sosteniendo que tiene la enorme responsabilidad de combatir a la delincuencia organizada y argumentó que “no se puede eludir ni mucho menos se puede pretender inhibir o coartar con denuncias que le impidan o le limiten cumplir con lo que es su responsabilidad”. Agregó que a un jefe de Estado no se le puede llevar de forma simple a un juicio, sobre todo cuando tiene la obligación irrenunciable de enfrentar al crimen organizado.
A final de cuentas, la polémica política que ocasionó la denuncia ante la CPI contra Felipe Calderón carece de peso específico ante la resolución que habrá de tomar el fiscal Luis Moreno Ocampo, y sólo habrán de contar los hechos y las pruebas presentadas para, primero, determinar si se abre una investigación y, segundo, juzgar la responsabilidad que tiene o no Felipe Calderón ante las acusaciones de 23 mil mexicanos. Este asunto habrá de llevarse no sólo varios meses, sino varios años para juzgarse.
DE LOS PASILLOS
Gran impacto tendrá en el desarrollo de las campañas presidenciales el desayuno de ayer entre los principales liderazgos del PRD. El resultado concreto es que López Obrador, el abanderado presidencial de las izquierdas del país, puso fin a cinco años de confrontaciones políticas y diferencias con los dirigentes de Nueva Izquierda, Jesús Ortega y Jesús Zambrano , ante un testigo de calidad como lo es el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, y la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, así como el diputado federal Alejandro Encinas. ”Amor y Paz” y la unidad de las fuerzas progresistas rumbo a la elección del 2012, fue lo que acordaron estos personajes que todo este sexenio se habían mantenido confrontados, lo que sin duda redundará en el fortalecimiento del tabasqueño rumbo a la residencia oficial de Los Pinos.
Este martes, en el Palacio de San Lázaro, los diputados federales aprobaron reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, que establecen cadena perpetua a quien prive de la vida a su víctima durante el cautiverio. Los cambios a la llamada ley antisecuestro fue avalada con 301 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones… Mientras que en el Senado de la República, con 81 votos a favor y por unanimidad se aprobaron reformas a la Ley de Imprenta para eliminar los artículos que penalizan la calumnia y la difamación. Cabe destacar que en el debate, senadores del PRD y del PAN se confrontaron por la denuncia interpuesta en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón.
Otro contundente dato que ilustra el fracaso de la administración calderonista en los aspectos social y económico, lo reveló la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quien reportó que México y Honduras fueron las únicas naciones del hemisferio donde los niveles de pobreza e indigencia se incrementaron en el último año, con 1.5 y 1.7 por ciento, respectivamente. El aumento de personas en condición de pobreza en el país se debió a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2009, explicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
(lilia_arellano@yahoo.com)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario que sera publicado automaticamente; si este,no fue publicado por favor notificalo a nuestro correo electronico sadimyer@gmail.com