Estado de los ESTADOS

14/12/2011 - 03:13

  Lilia Arellano

“La violencia es el último recurso del incompetente”: Isaac Asimov.

• Juicio político a Aguirre
• Demandan desaparición de poderes
• Diputados piden la renuncia de AAR
• PRD “No va a defender a nadie”: JZG
• PAN inicia “guerra sucia” contra PRI  
El gobernador neoperredista y ex priísta de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, desapareció públicamente de la entidad, mientras su equipo de prensa trata de salvar su pellejo político a través de la destitución de tres de colaboradores (Ramón Almonte Borjas, secretario de Seguridad Pública estatal, el procurador Alberto López Rosas, y el subsecretario Ramón Arreola) y la presentación de un video en donde se exhibe la responsabilidad de policías federales en los hechos en los que fueron asesinados dos estudiantes normalistas, y heridos de gravedad al menos otros dos. Mientras, cientos de alumnos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa y miembros de la sociedad civil organizada de la entidad exigieron frente al Palacio de Gobierno de Chilpancingo un “juicio político” en contra del mandatario y la libertad de su compañero detenido, Gerardo Torres Pérez, quien, sostienen, fue torturado y obligado a disparar en un paraje de Zumpango para incriminarlo.

A partir de las 15 horas de este martes, con dos féretros de cartón al frente, los alumnos normalistas marcharon poco más de dos kilómetros rumbo al Palacio de Gobierno de Guerrero para exigir justicia por el asesinato de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, durante un desalojo de la Autopista del Sol el pasado lunes. Los estudiantes, respaldados por alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, manifestaron que no se retirarán de ese lugar hasta que liberen a su compañero detenido, y demandaron la destitución de Aguirre Rivero al señalar que “no queremos a un asesino como gobernador”. Lo responsabilizaron de ser el autor intelectual de la muerte de sus compañeros y denunciaron que hay por lo menos 15 estudiantes desaparecidos y 19 detenidos, cinco de la Normal Rural, cinco de la Facultad de Economía de Acapulco y otros cinco del Tecnológico de Chilpancingo.  Padres, hermanos y compañeros de los jóvenes asesinados potaban pancartas con la leyenda “Alberto López Rosas no mientas, fuera gobierno represor”, así como ”Somos estudiantes, no terroristas”.

Alrededor de 75 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos como la Red Guerrerense de Derechos Humanos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras, exigieron que se castigue a los responsables de haber dado la orden de disparar contra los estudiantes normalistas. Dirigentes como Emmanuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense, consideraron que ante el homicidio de los estudiantes y la represión a los alumnos tiene que proceder la desaparición de poderes. “Estos acontecimientos forman parte de crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo el Estado y no pueden quedar impunes”, dijo.

Las organizaciones sociales de la entidad advirtieron que romperán cualquier lazo de comunicación con la administración de Aguirre Rivero, en tanto no se esclarezca el homicidio de los estudiantes normalistas durante la agresión de efectivos de la Policía Federal y la Policía Investigadora Ministerial. También firmaron un acuerdo de inconformidad de los hechos, los cuales fueron calificados como un acto de autoritarismo y por parte del gobierno del Estado, pues las balas “hayan venido de donde hayan venido”, tuvieron la intención de parar la movilización que realizaban los normalistas en la capital estatal. Vidulfo González Torres, abogado de la Red de Derechos Humanos de la Montaña, consideró que la agresión a los normalistas es una señal funesta de que en Guerrero no se permite el derecho a la libre manifestación y se sienta el precedente de que los ciudadanos no pueden protestar, porque cualquiera que lo haga corre el riesgo de ser callado a balazos.

También en la ciudad de Oaxaca alrededor de mil profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron una marcha por calles de la ciudad para protestar y exigir justicia por el asesinato de los estudiantes guerrerenses. Anunciaron que buscarán un encuentro con sus homólogos de Guerrero para crear un frente de resistencia y exigir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero por la represión violenta cometida en contra de manifestaciones sociales. A la protesta se sumaron activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Mientras que en la Cámara de Diputados, legisladores federales del PRI,  PAN y PRD exigieron investigar a profundidad estos hechos. El panista Camilo Ramírez Puente dijo que se debería pedir la renuncia del gobernador perredista por “no saber usar la fuerza pública ante demandas sociales, y caer en este tipo de excesos”. El priísta César Augusto Santiago repudió el asesinato de los jóvenes; dijo que la tragedia se pudo evitar si una pequeña parte de los recursos para Seguridad Pública en los estados se utilizaran para atender demandas de la educación; y exigió una investigación a nivel estatal sobre el comportamiento de las fuerzas públicas, y sobre la presencia de fuerzas federales en estos acontecimientos. El perredista Armando Ríos Pitter, presidente de la Junta de Coordinación Política, demandó una investigación “a fondo” de estos lamentables hechos.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que “no va a defender a nadie, sea quien sea”, al calificar de inadmisible la agresión armada perpetrada contra los estudiantes normalistas en Chilpancingo. El líder perredista demandó a Aguirre Rivero abrir las investigaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la sociedad civil organizada, a fin de que se pueda llegar al completo esclarecimiento de los hechos y castigar a los responsables. También la dirigencia municipal perredista en Acapulco calificó de “agresivo” a Aguirre Rivero y dijo que “a un año de haber asumido la gubernatura ha sido reiterante la agresión, principalmente a la clase más desprotegida, empezando por los maestros hace unos meses”.  La secretaria general del PRD municipal, Rosario Merlín, lamentó que un Gobierno de izquierda reprima a los movimientos sociales. También el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, demandó indagar las responsabilidades del gobernador Ángel Aguirre por el desalojo violento en la Autopista del Sol. El ex gobernador de Quintana Roo censuró la actuación de las fuerzas policiales de Guerrero y consideró que “actuaron de manera brutal”.

TIROS A LA CABEZA

Los dos jóvenes normalistas que perdieron la vida el lunes durante un enfrentamiento con policías en Chilpancingo, murieron por disparos de arma de fuego en el cráneo y en el cuello, confirmaron las actas de defunción. En tanto, otro estudiante, Edgar David Espíritu Olmedo, se encuentra en estado de “extrema gravedad” al resultar herido por arma de grueso calibre. También un despachador de gasolina, de nombre Gonzalo Rivas Cámara, se encuentra grave tras ser alcanzado por el fuego y registrar quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo. Los otros lesionados son Rubén Edwviges Coctocolo y Juan Alberto Álvarez Adame, quienes recibieron disparos en las piernas. Por estos hechos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero destituyó al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borjas, al procurador Alberto López Rosas, y al subsecretario Ramón Arreola.

El ahora ex procurador general de Justicia del Estado había sostenido que podrían ser (agentes) ministeriales los hombres vestidos de civil que –de acuerdo con videos exhibidos- dispararon contra los normalistas. De hecho, Oscar de los Santos Mendoza, subprocurador estatal de justicia, informó que se inició un proceso de investigación contra cinco elementos ministeriales para saber si dispararon contra los estudiantes. Los fusiles R-15 semiautomáticos que portaban los elementos durante el enfrentamiento fueron requisados por la Fiscalía estatal para practicarles las pruebas correspondientes a fin de determinar si fueron accionados durante la trifulca. Al mismo tiempo, la PGJE informó que liberó al mediodía del martes a 23 de los 24 normalistas detenidos el lunes, y sólo Gerardo Santiago Torres, de 19 años, a quien las autoridades judiciales estatales responsabilizan de la portación de un arma de fuego de alto poder, permanece en los separos de la Policía Investigadora Ministerial, a fin de ser trasladado posteriormente a la delegación de la PGR, donde se dictaminará su situación jurídica.

La administración aguirrista también se defendió presentando un video de siete minutos, en el que se resume una hora de grabación del sistema del Centro de Comando, Control y Comunicación (C-4), a través de una cámara ubicada en la salida de la Autopista del Sol en el tramo Chilpancingo-Acapulco, durante la protesta de los normalistas de Ayotzinapa, donde se observa en tres ocasiones a presuntos elementos federales deteniendo, golpeando y sometiendo a los estudiantes. El video inicia a las 12:12 horas donde se aprecia a los manifestantes en ambos carriles de la Autopista del Sol; se ven cuatro autobuses detenidos a un costado de una gasolinera cerca de la cual cae una granada de humo, al parecer lanzada por un agente federal; a las 12:13 horas se aprecia humo en otra gasolinera y posteriormente se observa fuego en una de las bombas despachadoras,  frente a la que aparece primero a cuadro; a las 12:14 horas, del lado contrario al incendio, se aprecian agentes armados incursionando en la zona de conflicto, quienes apuntan a los inconformes; en los minutos siguientes se ve como dos agentes federales someten a un joven y ya en el suelo un tercero lo golpea. A las 12:15 horas, seis agentes toman a tres personas, los tiran al suelo y los patean; al recibir piedras, un agente toma su fusil y dispara, mientras en el suelo están tiradas más personas a quienes los policías golpean; a las 12:17 de un automóvil blando descienden al parecer policías ministeriales de Guerrero y suben por la fuerza a algunos manifestantes.

Arturo Martínez Núñez, vocero de Aguirre Rivero, entregó una copia original de dicho video a los representantes de los medios de comunicación, no aceptó preguntas sobre si el video responsabiliza a los elementos de la Policía Federal y sólo declaró que lo mostraron “para transparentar las investigaciones”.

OFENSIVA PANISTA

Durante la campaña y el proceso de elección de Presidente de la República en 2006 el eje de la propaganda panista que apuntaló a su candidato, Felipe Calderón Hinojosa, fue que el popular dirigente opositor de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, era “un peligro para México”, y al final de cuentas quien realmente resultó no sólo una amenaza sino un mandatario sumamente agresivo contra la población mexicana fue precisamente el aspirante de Acción Nacional, quien, entre otras cosas, detonó una guerra contra los cárteles de la droga que ya dejo más de 67 mil muertos a lo largo y ancho del país, según lo han denunciado organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos.

Ahora, al terminar el 2011 y a punto de iniciar el 2012 y con él las campañas por la renovación de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y varios gobiernos estatales, los estrategas al servicio del PAN y del inquilino de Los Pinos intentan torpedear la campaña del aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto –a quien las encuestas ubican en estos momentos al frente de las preferencias electorales en todo el país-, ligando a gobernadores surgidos de las filas priístas con cárteles del narcotráfico y asegurando que el regreso del Revolucionario Institucional a Palacio Nacional significará un peligro para el  país pues representará, según esta campaña, que la Presidencia de la República quedaría en manos del crimen organizado.

Esta ofensiva mediática albiazul contra los tricolores ya está en marcha y ahí están las filtraciones a medios de comunicación “amigos” sobre una presunta investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), fundamentada prácticamente por completo en declaraciones de “testigos protegidos”, que intentan “demostrar” que entre 2005 y 2009 el cártel de “los zetas” inició en el Estado de Veracruz su crecimiento, bajo la protección del gobierno estatal que, no hay que olvidar, estaba a cargo de Fidel Herrera Beltrán, un destacado e influyente político priísta,  quien durante toda su administración llevó una excelente relación con el gobierno federal, a cargo primero de Vicente Fox y luego del propio Felipe Calderón. Los panistas intentan incriminar al político tricolor y a integrantes de su gabinete como “protectores” de “los zetas”.

El ataque mediático contra Herrera Beltrán, para dañar las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto, sin ninguna duda se intensificará en las próximas semanas, y la pregunta es: ¿quién sigue? Todo parece indicar que serán los ex mandatarios de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, y de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras. La sustentación de las acusaciones poco interés tendrán en la campaña negra que ya inició y sólo se trata de “demostrar” que la presunta relación del PRI con organizaciones criminales son, otra vez, “un peligro para México”.

La guerra de lodo ya está aquí.

En estos hechos, no hay que pasar por alto tampoco que elementos de la Armada detuvieron en Veracruz a Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias “el lucky”, operador de “los zetas”, quien presuntamente tiene influencia en 10 estados de la República. La DEA ofrecía un millón de dólares por su localización, mientras que la PGR prometía 15 millones de pesos a quien proporcionara información para dar con su paradero.

DE LOS PASILLOS

Con base en el “Caso Radilla”, por primera ocasión un juez federal determinó transferir un caso que se ventila en  tribunales militares a la justicia civil. El Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, determinó, mediante un juicio de amparo, que militares incurrieron en la violación de derechos humanos y cometieron un homicidio, por lo que este asunto debe ser del conocimiento de autoridades civiles. El caso se refiere a un soldado, quien mató a un indígena guerrerense, Bonfilio Rubio Villegas, durante un retén sobre la carretera que comunica a los municipios de Tlapa de Comonfort y Huamuxtitlán, el 20 de junio de 2009.

Durante el último año de la gestión del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se realizaron desvíos por 3 mil 001 millones 971 mil pesos, reveló la secretaria de la Contraloría estatal, Perla Woolrich Fernández, ante el Congreso de Oaxaca. La funcionaria detalló que esas irregularidades se hallaron en 45 auditorías… Otro ex gobernador priísta que está en la mira de las autoridades federales es Humberto Moreira por la deuda que le heredó a la administración de su hermano Rubén por 34 mil millones de pesos. Por lo pronto, el nuevo mandatario estatal a través de su secretario de Finanzas, Jesús Ochoa Galindo, presentó un plan de austeridad que contempla la reducción de sueldos a funcionarios de primer nivel y medidas para restringir el gasto operativo.

(lilia_arellano@yahoo.com)