Estado de los ESTADOS

24/09/2010 - 00:49

Por: Lilia Arellano

“Los peores enemigos son los que aprueban siempre todo”: Tácito

• Alianzas, “¡al carajo!”: AMLO
• La “Ley Peña” confronta a PRI y PAN
• Acusaciones, “tontas y pendejas”: JGT
• Tantean senadores desobediencia civil
• ¿Sicarios o “escuadrones de la muerte”?

Septiembre 23, 2010.- Los comicios del Estado de México en Julio de 2011 serán de hecho una elección preliminar a la presidencial. En esa entidad se juegan tres factores fundamentales de las elecciones federales del 2012: la candidatura priista de Enrique Peña Nieto, quién para tal efecto deberá de ganar ampliamente para asegurarla, objetivo que cada vez se le complica más; la alianza antinatura del PAN y del PRD para la madre de todas las elecciones; y la postulación de la coalición de izquierda que vuelve a contar con una amplia posibilidad de ganar la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador.

Hombre de principios, López Obrador no duda en rechazar tajantemente las alianzas electorales con el PAN, incluida una para la gubernatura del Estado de México. Al arrancar su gira por los 125 municipios de esa entidad aclara que su rechazó a las coaliciones con Acción Nacional se debe no sólo al hecho de que dicho partido le robo la presidencia en 2006, sino porque es una organización política de derecha, contraria a los intereses del pueblo y que se creó en 1939 para oponerse a las políticas de Lázaro Cárdenas (en efecto el PAN cumplió está semana 71 años y simple y sencillamente a nadie le importó). Resaltó que “se necesitaría no tener vergüenza para aliarse con un partido que nos hizo fraude y nos robo la presidencia, ¡al carajo con esa alianza!”, espetó.

Muy claro tiene sus objetivos y su estrategia para alcanzarlos el tabasqueño: para poder llevar al país a una revolución pacífica pero de alto impacto social sabe que debe derrotar a la derecha, tanto del PAN como del PRI, en las urnas. El otro cambio implicaría la insurgencia popular, una guerra civil, un derramamiento de sangre que no está dispuesto a iniciar ni asumir, porque sus intereses políticos personales no están por  encima del superior de la nación. De ahí su rechazo a la coalición con el PAN; de ahí su reprobación a la dirigencia nacional del PRD que encabeza Jesús Ortega, a quién acusa de haber caído en lo que denominó “un pragmatismo ramplón”, por lo que de seguir así recomienda a los “chuchos” y a sus seguidores que renuncien y se afilien a Acción Nacional.

En Jiquipilco, Temoaya, Otzolotepec y Xonocatlán, en donde estuvo acompañado por el dirigente nacional del PT Alberto Anaya, el senador petista Alejandro González Yánez, y el diputado federal Agustín Guerrero, López Obrador reiteró que sí se conforma una alianza integrada por los partidos de izquierda en el Estado de México regresará a apoyar a sus candidatos. En el primer municipio, el dirigente petista Alberto Anaya aprovechó el mitin para anunciar que no participará en ninguna alianza donde esté el PAN, lo que si bien podría beneficiar en principio los intereses de Peña Nieto, en el fondo lo que está en juego son factores más importantes en la lucha desatada por la Presidencia de la República.

PRI Y PAN DE LA GREÑA

Las implicaciones político electorales de la antidemocrática “Ley Peña”, que anula las candidaturas comunes y que fue aprobada por el Congreso del Estado de México y ratificada por la mayoría de los municipios priistas, provocó en el Senado de la República un ríspido enfrentamiento entre legisladores del PAN contra los del PRI y del PVEM. La propuesta de la senadora del PAN, Adriana González, para que el Cámara alta se cree una comisión especial y de seguimiento a las elecciones del Estado de México, provocó una rebelión de las bancadas priista y verde ecologista, que generó una prolongada gritería en el salón del pleno legislativo.

La panista, argumentó que es necesaria una comisión especial porque en el Estado de México se está planeando una “elección de estado”, por tal motivo, dijo, un poder como el Legislativo tiene que intervenir para hacer las denuncias públicas necesarias. González aseguró que “Enrique Peña es el nuevo rostro del PRI, pero con las mismas mañas rancias que el viejo sistema. Es capaz de hacer todo, ahí tenemos el tema de las candidaturas comunes”. También señaló el recorte de los tiempo de campaña, el uso de recursos para su imagen, la falta de control y la ausencia de independencia a los órganos que pudiera garantizar la limpieza de la elección.

De inmediato saltaron los senadores priistas. Guadalupe Fons pidió a González responderle por qué hicieron lo mismo los panistas en Guanajuato y le expresó que no tenían calidad moral para exigir vigilancia a un gobernador. Rosario Green exclamó: “esto está fuera de orden, no es en el Senado donde se tienen que crear estás comisiones, para eso están las autoridades electorales, eso es improcedente”. También los ecologista Arturo Escobar y Manuel Velasco exigieron la corrección del procedimiento. La panista Beatriz Zavala por su  parte pidió que la decisión de la plenaria se someta a la votación nominal.

A calor de la sesión, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, advirtió a los panistas que su partido promoverá en 11 congresos locales reformas para prohibir las candidaturas comunes. Anunció que por lo pronto su partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentará una iniciativa sobre el tema y ya busca alianza con el PRI para intentar buscar su aprobación frente a una mayoría perredista.

Ante la insistencia de los priistas, el vicepresidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo, sometió a votación el punto de acuerdo para desecharlo ó darle trámite. Los panistas, con el apoyo del PRD y Convergencia, ganaron con 54 votos contra 28 del PRI y el Verde, por lo que el punto se mandó a la Junta de Coordinación Política, que es presidida por el panista José González Mofin, para que decida en los próximos días sí se avala la creación de está comisión, por lo que sobre este polémtico tema todavía habrá de correr mucha tinta.

“YA BASTA”, GODOY A LA PGR

De “tontas y pendejas” calificó el diputado federal perredista Julio César Godoy Toscano las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo vinculan con el cártel de “la familia”. También lanzó un “ya basta” a lo que llamó un acoso político de la administración federal contra él y otros funcionarios involucrados en el llamado “michoacanazo”. La PGR lo persigue por colusión en presuntos delitos contra la salud con esa organización criminal, en una investigación que se amplió a funcionarios y servidores públicos que fueron detenidos previo a las elecciones locales en Michoacán, en un abierto uso de las instituciones federales de investigación e impartición de justicia con fines electorales.

Godoy Toscano, electo por el primer distrito de Michoacán y prófugo desde junio de 2009, eludió este jueves el cerco de la Policía Federal montado desde el martes pasado, con revisión de vehículos y petición de que sospechosos se identificaran, para ingresar al Palacio Legislativo de San Lázaro. Aunque el legislador declaró que entró por la puerta principal, versiones de diputados perredistas señalan que ingresó en una camioneta azul por la puerta lateral de basamento, donde está una de las oficinas de la coordinación parlamentaria del PRD, siguió hasta la parte posterior del recinto y después bajó por el pasillo principal. A Godoy lo recibieron Mary Thelma Guajardo, José Narro Céspedes y Víctor Ceja, del PRD, y César Augusto Santiago y Rubén Moreira del PRI.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tomó la protesta al legislador acusado por la PGR de tener vínculos con el narcotráfico. Vestido con un traje oscuro y camisa azul cielo y perfectamente rasurado, sin el bigote que lo caracterizó en la campaña, Godoy Toscano rindió protesta en la sesión encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien dio a conocer la resolución judicial que reactiva el goce de los derechos políticos del legislador. Con este hecho, señaló el coordinador de la bancada perredista de Michoacán, Victor Manuel Ceja, Godoy emprenderá la defensa por la persecución que ha resentido.

Ante representantes de medios de comunicación, Godoy Toscano, quien es medio hermano del gobernador michoacano, acusó a Felipe Calderón y a su administración de orquestar una persecución política en su contra para debilitar al PRD, a fin de que el PAN pueda ganar Michoacán. Insistió que tanto su caso como los del “michoacanazo” fueron fabricados de manera ilegal para obtener resultados de corte político. Sostuvo que las pruebas en su contra fueron fabricadas a fin de girar órdenes de aprehensión con base en los dichos de testigos protegidos. Denunció que “nuestros compañeros también fueron vejados, torturados, una compañera, Citlali, perdió a su bebé por las pendejadas del gobierno federal, por eso me da mucha tristeza el actuar de la PGR y del Ejecutivo Federal”.

Julio César Godoy, quien este jueves obtuvo fuero y no puede ser detenido, advirtió que “nos vamos a defender legalmente, soy abogado…  ahora en estos momentos con la capacidad que tengo de presentarme ante las autoridades voy a defenderme de manera más directa, lo haré porque tengo la razón, no soy ningún delincuente”.

Ante los hechos en el Congreso, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, anunció que respetarán la decisión de Poder Legislativo. Cabe destacar que el lunes pasado, el juez primero de Distrito de Procesos Penales de Michoacán, Efraín Cázares López, concedió una suspensión definitiva a Godoy Toscano para que se respetaran sus derechos políticos, pero la resolución no lo protegía contra la orden de aprehensión. El funcionario de la PGR no ofreció detalles de la forma en que procederá el Ministerio Público contra Godoy Toscano, toda vez que existe la orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

DE LOS PASILLOS

El régimen derechista de Felipe Calderón ha ido restringiendo en los hechos las libertades y las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, quien se ven de facto acosados por las acciones de las autoridades sin que pueden presentar resistencia alguna. En este contexto es muy oportuna la propuesta del PRD en el Senado de la República para establecer en la Constitución el derecho a la resistencia pacífica y a la desobediencia civil contra leyes y decisiones de los gobiernos que sean “notariamente lesivos”. El senador René Arce, quien presentó la iniciativa, consideró que estas formas de expresión ciudadana son un indicador de madurez cívica y política del país así como de la legitimidad del Estado democrático y social de derecho. La propuesta de reformas al Artículo 4 de la Constitución Política fue turnada a comisiones del Senado, para su análisis y dictaminación.

Senadores solicitaron a Felipe Calderón informar sobre la supuesta existencia de grupos armados, denominados “escuadrones de la muerte”, que operan al margen de la ley para combatir al crimen o a favor de los capos. El senador del PT Ricardo Monreal aseguró que “hay grupos de la muerte conformados por sicarios profesionales al servicio de capos, pero también contratados por autoridades y empresarios para hacer frente a la inseguridad que vive México”. El dictamen aprobado en el pleno senatorial señala que “sólo a las fuerzas del orden constitucionalmente establecidas son a las que compete la custodia y la salvaguarda del clima social y de los bienes públicos de la nación”, por lo que la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, debe emitir un pronunciamiento sobre la existencia, cantidad, ubicación y modalidades implementadas por dichos grupos o de reacción.

Por otro lado, los senadores también solicitaron a Calderón tomar las medidas necesarias para evitar la muerte de menores en la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada, así como “instruir a quien corresponda” para que informe sobre las medidas tomadas para evitar la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes… Al presentar un informe sobre el comportamiento y evaluación del fenómeno delictivo en México, integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, aseguraron que las autorices y la sociedad civil se encuentran rebasados por la delincuencia y el crimen organizado.

Para que no nos quede ninguna duda sobre en dónde y quienes determinan la política económica de México, cabe destacar el hecho de que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo evaluarán el clima para los negocios y la inversión, así como los obstáculos que limitan su crecimiento. A través de una encuesta a empresas privadas de México, establecerán más de 100 indicadores del estado del sector privado en nuestro país, que son comparables con otras similares que el BM calcula para la mayoría de los países miembros de la institución.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)