Estado de los ESTADOS

08/10/2010 - 06:00

Por: Lilia Arellano

“Cuando mayor la riqueza, más espesa la suciedad”: John Kenneth Galbraith

• Desquiciamiento laboral
• Se hinchan movimientos de trabajadores
• Alteraciones sociales por desempleo: BM
• Blake y JLA culpables de lo que pase: ME
• Cananea, clave en la disputa por las minas

Octubre 7, 2010.- Mientras el Banco Mundial advierte de los riesgos del desempleo y de los peligros de alteración social que éste, de persistir, desencadenaría en varios países, en México la política laboral de Felipe Calderón, implementada por Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social, enfrenta a los trabajadores y a sus sindicatos en aras de favorecer a grandes empresas, particularmente trasnacionales, aunque en el proceso decenas de miles de trabajadores sean arrojados a las calles y se vean en la necesidad de retomar la movilización popular para enfrenar el embate oficial y, al mismo tiempo,  incorporarse a la economía informal para sobrevivir.

Los funcionarios de esta administración panista se niegan incluso a rendir cuentas de sus truculentas y nefastas actuaciones ante el Congreso de la Unión, con una insoportable soberbia y un descarado cinismo. La andanada de criticas y cuestionamientos por parte de los legisladores de oposición no les hacen mella pues cuentan con la aprobación y la complicidad de su jefe, el inquilino de Los Pinos, quien alguna vez, en plena campaña por la presidencia de la República, aspiró a convertirse en el “presidente del empleo” y la actual realidad del país lo tiene catalogado no sólo como uno de los mandatarios más nefastos que ha tenido México, sino además como un enemigo declarado de los trabajadores mexicanos.

Las mentiras, las verdades a medias, los engaños abiertos, han sido la tónica de los funcionarios de las secretarias del Trabajo, de Economía, de Hacienda y Crédito Público en torno al crecimiento económico, la creación de infraestructura, la “generación de empleos”, mencionándose incluso cifras récord, cuando la realidad los desmiente cada día, pues no solamente no se han generado nuevas fuentes de empleo sino que ni siquiera se ha alcanzado a recuperar un porcentaje considerable de los  que se perdieron el año pasado, en el transcurso de la crisis económica internacional, que fue acentuada en México por la “emergencia” de la influenza y, sobre todo, por los errores de conducción económica del calderonismo.

Han sido largos y sacrificados los enfrentamientos que gremios tan importantes como el del Sindicato Mexicano de Electricistas, los trabajadores de tierra y aire de Mexicana de Aviación, y los mineros de Cananea y otras regiones del país, tienen con la administración de Felipe Calderón que se ha caracterizado por una defensa irrestricta, irracional a los intereses de poderosos grupos empresariales, nacionales y extranjeros. No obstante, la resistencia de los trabajadores mexicanos ante la política fascista del michoacano les ha permitido mantenerse en pie de lucha y, seguramente, en el largo plazo los llevará a triunfar aunque tenga que pasar completo el periodo de la gestión de Calderón.

RESISTENCIA DE ELECTRICISTAS

La extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue una decisión ilegal e inconstitucional, además de totalmente dañina para el interés de la Nación y no se diga ya de los propios trabajadores, pues 45 mil ellos fueron arrojados a la calle con tan sólo un plumazo. Tal parece que panistas y priistas que apoyaron este hecho le extendieron un cheque en blanco a Felipe Calderón para que hiciera lo que le viniera en gana con lo que quedó de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sin importar la grave baja en la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica que, así, se encareció a grados superlativos para los consumidores mexicanos, quienes además enfrentan ahora constantes apagones.

Ante el incumplimiento de los compromisos de las autoridades federales, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordaron el miércoles pasado, durante una magna asamblea extraordinaria celebrada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México –en donde se concentraron 16 mil electricistas en resistencia y casi 10 mil jubilados y sus familias- “volver a las calles” en acciones contundentes ante el “sinuoso, atropellado y lento camino” que ha significado la mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación. Los trabajadores electricistas informaron que realizarán movilizaciones, el próximo sábado frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el día 11 una marcha y concentración en el Zócalo capitalino, en donde realizarán una asamblea de usuarios para recordar el “fatal” primer aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El líder de los electricistas, Martín Esparza, advirtió que Francisco Blake, secretario de Gobernación, y Javier Lozano, titular de la STPS, •”serán los responsables de lo que pase en las calles, porque no han cumplido los acuerdos que se tomaron a cambio de levantar la huelga de hambre que realizaban varios electricistas en un campamento del zócalo”. Sentenció que si no es por la vía de la negociación que los electricistas regresen a trabajar, será por la legislativa y para tal efecto se entregó a una comisión de diputados del PRI una iniciativa de ley para que se cree un organismo, empresa o una nueva comisión de electricidad del centro, que será impulsada por legisladores priistas y esta siendo consensuada con diputados del PRD, PT y Convergencia para que la apoye. Se plantea que dicha iniciativa se discuta de inmediato en el Legislativo y que, incluso, se contemple dentro de la revisión del Presupuesto de Ingreso y Egresos 2011.

En el ámbito judicial, el SME inició ya las argumentaciones de sus denuncias por despido injustificado, interpuestas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).  El SME sostiene que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) debe contratar a los ex empleados de Luz y Fuerza del Centro porque opera en la zona de influencia del extinto organismo y, por ello, se convierte en patrón sustituto, figura contemplada por la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 41 señala que la sustitución patronal procede cuando un patrón o empresa transmite a otra diversa, por cualquier título, los bienes esenciales del establecimiento, con el ánimo de continuar la explotación del negocio. Cabe recordar que el día 11 de octubre, día de la emisión del decreto presidencial para concluir la vida de LFC, la Secretaría de Energía traspasó la operación y los bienes del organismos a CFE, a fin de no interrumpir el suministro de energía en la zona central del país.

Además, el SME promoverá una demanda de nulidad del decreto de extinción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que ese no fue antecedido por un dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoría (Cofemer), paso necesario para dar validez a la publicación y puesta en vigor de cualquier decreto. “Al no haberse satisfecho ese requisito, afirman, el acto (decreto) no produce ningún efecto”, puntualizó.

EN RIESGO SOBERANÍA AERONÁUTICA

La  inminente quiebra de Mexicana de Aviación no pone sólo en juego la sobrevivencia de una empresa de la que dependían directamente más de 8 mil familias e indirectamente 15 mil, sino también pone en riesgo la soberanía aeronaútica, como lo denunciaron pilotos y sobrecargos desde el inicio del conflicto. La aerolínea, una de las principales del país, dejo de operar desde el pasado 28 de agosto de manera indefinida debido a la crisis que enfrenta. Antes de venderla, el Grupo Posadas de Gastón Acárraga solicitó en México y Estados Unidos un concurso mercantil que le permitiera reestructurar sus deudas con acreedores en ambos países. El 7 de septiembre un juez mexicano declaró a la aerolínea en concurso mercantil, es decir, un proceso judicial de suspensión de pagos de la deuda y que deja en manos de un administrador encargado de ver la viabilidad de la empresa antes de que se declare en quiebra.

Las deudas de Mexicana de Aviación se estiman en alrededor de 846 millones de dólares y requiere de una capitalización de entre 100 y 150 millones de dólares para salir a flote, según Grupo Posadas. En el Congreso de la Unión se tiene la sospecha de que la quiebra técnica de la línea aérea es consecuencia de una supuesta “administración fraudulenta” en la gestión del empresario Gastón Azcárraga, por lo que en la Cámara de Diputaos se nombró una comisión para dar seguimiento de venta y reestructura de la empresa.

Pilotos y sobrecargos exigen a Felipe Calderón que Gastón Azcárraga rinda cuentas por los ilícitos que cometió. Sostienen que debe responder por los 265 millones de dólares de pasivos laborales que se le otorgaron como descuento cuando adquirió la aerolínea hace 5 años. En una carta, firmada conjuntamente por ASPA y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) solicitaron el mes pasado al inquilino de los Pinos que Mexicana, Click y Link, que ahora conforman un nuevo grupo aeronáutico (NGA) reactiven operaciones. Los trabajadores sostienen que la suspensión de actividades de la aerolínea es parte de una reconfiguración forzada del mapa de rutas en el país y entre México y Norteamérica, cuyo mercado no atendido de 3.5 millones de pasajeros será absorbidos por líneas aéreas de Estados Unidos, lo que sería grave para la soberanía y economía nacional.

Miguel Ángel Yúdico, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), advirtió que demandarán a las compañías que pretendan operar las rutas que tenía Mexicana y demandó el despido inmediato de Juan Molinar Horcasitas, Secretario de Comunicaciones y Transportes. De hecho, trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación presentaron ante la Procuraduría General de la Republica, una demanda penal en contra de ese funcionario, “por presuntos hechos ilícitos en agravio de la soberanía nacional, de 100 mil trabajadores de la aviación así como del patrimonio del país”. Explicaron que al permitir que se suspendiera la prestación de servicios de las citadas empresas, Molinar avaló que cesará el flujo de ingresos que había sido protegido por el juez 11 del Distrito Federal en materia civil en el marco del concurso mercantil y con ello la capacidad de pago.

Autoridades y dirigentes sindicales advirtieron que se proyecta despedir a la mitad de sus trabajadores, unos 3,900, entre empleados de tierra, azafatas y pilotos, y recortar su flota de 110 a 30 aviones, a fin de operar en 23 rutas, de ellas 6 nacionales y 17 internacionales, en particular entre México y Canadá. El propio secretario del Trabajo, Javier Lozano, confirmó que el plan de negocios de Mexicana implica una reducción  sustancial del número de aeronaves y rutas, así como de frecuencias de vuelo. Se pretende liquidar a los empleados y hacer un nuevo contrato colectivo de trabajo.

La liquidación de trabajadores no se realizará conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, pues eso implicaría un gasto de 5 mil millones de pesos, sino en tres modalidades: negociar la liquidación con el grupo que se queda; liquidar inmediatamente a quienes se van; y otorgar un permiso sin goce de sueldo a un tercer grupo, para no terminar la relación laboral y tampoco pagar el pasivo laboral. El líder de los trabajadores de tierra, Miguel Ángel Yúdico, denunció que los quieren liquidar con sólo el 10 por ciento de lo que les corresponde conforme al contrato colectivo de trabajo, por lo que anunció varias movilizaciones para demandar una liquidación justa y para solicitar la intervención del gobierno federal como aval en este proceso del concurso mercantil a fin de evitar la quiebra.

Sobre el particular, Javier Lozano, tras confirmar la salida de Grupo Ixe del proceso,  advirtió que “o vienen nuevos inversionistas, o esto se va a la quiebra”. El nefasto funcionario señaló que de no lograr un nuevo arreglo en el proceso de concurso mercantil que permita el reinicio de Mexicana, el siguiente paso para la aerolínea será la quiebra. Se pretende que Mexicana de Aviación vuelva a volar en diciembre de este año, pero antes se debe llegar a un acuerdo fundamental entre los nuevos inversionistas y sindicatos.

CONFLICTO MINERO

La huelga de Cananea está en el ojo del huracán del conflicto minero. El 30 de junio de 2007 los más de mil 200 trabajadores declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo y por la falta de seguridad en las instalaciones. No obstante, la empresa ha señalado que la huelga es sólo una medida de presión para que se retiren las demandas penales que tiene el autoexiliado líder minero, Napoleón Gómez Urrutía. La empresa Grupo México de Germán Larrea obtuvo sin problemas laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que declaraban inexistente el movimiento, pero la justicia federal amparó a los trabajadores. En el mes de abril de 2009, la JFCA dio por concluidas las relaciones laborales con los trabajadores de la mina, sentenciando a la empresa a indemnizarlos, con tres meses de salario, más la prima de antigüedad, consistente en 12 días de salario por cada año de servicios prestados.

Sin embargo, el 27 de abril el Juez Segundo de Distrito en Materia Laboral del Distrito Federal falló a favor de los mineros de Cananea y con base en dos amparos determinó conceder la “suspensión definitiva” contra el laudo que pretendía dar por terminadas las relaciones laborales y contractuales entre la empresa y los trabajadores, por lo que éstos no debieron hace sido desalojados de las instalaciones, toda vez que podía continuar con su huelga legal. Eso en teoría, la realidad es que en el país se carece de medidas estructurales para garantizar el respeto y la protección de los derechos laborales como derechos humanos.

Después de casi tres años en paro, el domingo 6 de junio la mina fue tomada por asalto al más puro estilo fascista. Elementos de la Policía Federal tomaron por la fuerza el control de las instalaciones de la productora de cobre Mexicana de Cananea, tras desalojar a los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero, y se las entregaron a representantes de la empresa.

El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Laboral les otorgó a los trabajadores una suspensión provisional, por lo que en el mes de septiembre de este año mineros de dicha sección intentaron plantarse en las puertas de acceso de la mina haciendo valer la resolución judicial, pero se encontraron con la resistencia de trabajadores afines a la empresa con quienes se enfrentaron en un pleito  con piedras y golpes que llegó a la ciudad. Un total de 23 mineros de la sección 65 fueron consignados por los disturbios y 22 fueron liberados una semana después tras pagar una fianza de 4 mil pesos. Sólo quedó preso Martín Fernando Salazar Arvayo, a quien se le imputa homicidio calificado en grado de tentativa.

A finales del mes de septiembre pasado la empresa Mexicana de Cananea anunció el último periodo de liquidaciones de ex trabajadores de la firma minera, conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, que se realiza del 30 al 15 de octubre y el pago se realizará en las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo. Las administraciones estatal y federal panista, a cargo de Guillermo Padrés y Felipe Calderón, respectivamente, siguen presionando a los trabajadores mineros para que cobren su liquidación y dar por concluido así la “operación Cananea”.

En tanto, más de 6 mil 500 millones de pesos se han perdido de derrama económica, tan sólo en sueldos, en esa región, en donde el cierre de comercios es ya cosa de todos los días. 

DE LOS PASILLOS

Con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la primera Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros en México, que establece sanciones de hasta 70 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas. También señala atribuciones a la Federación y municipios y sanciones severas a policías y funcionarios que formen parte de las bandas. Así prácticamente se federaliza el combate al delito de secuestro, toda vez que la PGR tendrá la atribución de investigar los casos en los que participen más de tres personas.

Ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el legislador petista Mario Di Costanzo presentó una solicitud de juicio político en contra de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y dos comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por la Licitación 21. El diputado opositor destacó que esos servidores públicos fortalecieron monopolios con dicha licitación, violando la Constitución y provocando daño patrimonial en el remate de un bien público... También en la Cámara de Diputados se acordó interponer una controversia constitucional contra el decreto sobre la transición digital de la televisión y el “apgón" analógico, por considerar que el Ejecutivo Federal invadió las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en la materia. Los legisladores cuestionaron la legalidad del decreto presidencial.

Por su “cartografía de las estructuras de poder y su reflejo agudo de la resistencia del individuo, de su rebelión y su derrota”, la Academia Sueca galardonó al escritor peruano Mario Vargas Llosa, de 74 años de edad, con el Premio Nobel de Literatura 2010. El novelista, poeta, escritor de ensayos y periodista es el primer autor de habla hispana premiado en los últimos 20 años, desde que en 1990 el galardón recayera en el mexicano Octavio Paz, un año después que el español Camilo José Cela.

Todo un récord es el que lograron clonadores de tarjetas bancarias en Chetumal. Rafael del Moral González, delegado de la Condusef en Quintana Roo, confirmó que fueron 243 tarjetas de Banamex que se clonaron en la capital estatal el pasado fin de semana y advirtió que en el estado aún podría estar operando esa banda. El funcionario aseguró que más de la mitad de las personas afectadas ya recibieron la reposición de su dinero y, además, Banamex se comprometió a atender al resto en las próximas 24 horas. Extraoficialmente el fraude pudo haber superado el millón y medio de pesos.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)