Justicia degradada

08/10/2010 - 05:58

Por: Francisco Rodríguez

DE VEZ EN VEZ y cada ocasión más cerca de la otra, desde oscuras oficinas del Ejecutivo federal se lanzan campañas de desprestigio en contra de los legisladores a quienes, por tal, la población culpa de cuanta calamidad sucede en el país. Los presentan durmiendo, cobrando dietas envidiables, levantando el dedo sin enterarse de lo que votan… Y diputados y senadores se convierten así en causantes de que no haya empleos, de las crisis económicas…. ¡hasta de los desastres naturales!

En Los Pinos celebran que exista ese otro Poder tras el que escudan la irresponsabilidad de los administradores públicos. Noblesse oblige, habría que apuntar que esta ni siquiera es una idea original de los panistas, sino que ha sido calcada de los últimos gobiernos priístas del siglo XX.

La novedad hoy, empero, son los ataques –nada velados, en este caso-- en contra de no pocos miembros del Poder Judicial, a quienes el mismísimo ocupante de Los Pinos acusa de oscuras connivencias e irresponsabilidades.

No sólo el opaco procurador César Chávez, no nada más la resplandeciente –debido a los kilos de blush sobre el rostro-- subprocuradora Morales, también el belicoso Calderón la emprendió en contra del juez que, por falta de pruebas, liberó a los ex alcaldes y exfuncionarios involucrados por la SSPF y la PGR en el llamado “michoacanazo”.

Dijo Calderón, con todo el peso del zopilote –no, no puede ser un águila-- que ostenta, sobre el juez primero de Distrito, con sede en Michoacán, Efraín Cázares López, que éste había desvirtuado las pruebas que acreditaban las supuestas felonías de quienes hoy claman, con justeza, que ya los dejen en paz.

Es el Poder Judicial, ahora, el que sirve de parapeto no sólo a las ineficiencias, incluso a las trapacerías electoreras que desde Los Pinos echó a andar Calderón en contra del PRD purépecha.

Pero esta acción que pretende demeritar al Poder Judicial no es sino secuela de otra que desde Los Pinos se tiene en marcha desde ya hace algunos meses en contra de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados del país, lo mismo que en contra de abogados que han tenido fama pública de “apadrinar” nombramientos de ministros, magistrados, jueces, funcionarios de juzgados, a cambio de obtener, posteriormente, tratamientos favorables para sus afamados clientes.

En círculos de la Judicatura Federal, así las cosas, se ventila el hecho de cierta animosidad de Calderón en contra del presidente de la Suprema Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia a quien, cuando menos en una ocasión, se ha puesto públicamente en aprietos. Usted, seguro, recuerda la ocasión no lejana, cuando invitado a participar en los llamados Diálogos por la Seguridad en el Campo Marte del Estado Mayor Presidencial, el abogado egresado de la Universidad Veracruzana hubo de confesar, con toda entereza, que no iba preparado para el evento… al cual lo habían invitado en el último momento. Y como esa, otras.

No sólo contra el aparato de justicia oficial es que Calderón mantiene fobias. También las dirige en contra de abogados de renombre que, en el mejor de los casos, hoy están fuera del país.

Y digo que en el mejor de los casos, porque uno de esos abogados, aquél a quien se considera el más reputado negociador con los ministros, magistrados y jueces cuyos nombramientos empujó, oficialmente se mantiene en calidad de desaparecido. No secuestrado. Desaparecido. Y sin que la fallida Administración meta un dedo a su favor.
¿Dónde están hoy dos de los tres socios del reputado despacho Zínzer – Esponda - Gómez Mont? Desde hace meses, Julio se mantiene a lo lejos, presumiblemente en el sur de la península ibérica. Fernando es localizable en el norte, cerca de la frontera con Francia. Y eso que Julio Esponda, su amigo y compañero en la Libre de Derecho, hasta fue considerado para ocupar el cargo de procurador general.

Pero no sólo ellos. Otros abogados de menor renombre, también han sido acosados. No pocos de ellos ya están fuera del país.

El escrutinio y la puesta en entredicho del accionar de los jueces y fiscales que imparten justicia es ya sistemático, lo cual es gravísimo. No sólo para los ciudadanos señalados cual culpables por delincuentes a quienes se llama “testigos colaboradores”, sin que tengan la posibilidad de demostrar su inocencia. Es también una pésima señal, asimismo, para la inversión extranjera, ya que el mensaje enviado a la comunidad internacional, es que en México no existen las debidas garantías de que toda nación independiente y soberana debe gozar. Que aquí, sólo truenan los chicharrones de Calderón. ¿O no?

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