La homofobia como discurso político

	Roberto Blancarte
12 octubre 2010 blancart@colmex.mx
Aunque es evidente que el gobernador del estado de Jalisco toma bebidas alcohólicas de más y por lo mismo no controla muchos de sus impulsos ni sus discursos públicos, no estoy seguro si debo creer que sus declaraciones homofóbicas son producto del azar. Me parece, por el contrario, que muy probablemente son frases muy pensadas y destinadas a normalizar en el lenguaje oficial este tipo de expresiones discriminatorias. Emilio González actúa como si no supiera que es su deber, en tanto servidor público, cumplir y hacer cumplir las leyes del país. O como si ignorara que existe el artículo 1 de la Constitución, el cual expresamente prohíbe en su párrafo tercero “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”. Como si no supiera que existe también una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es todavía más explícita, pues señala que “para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción, que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra tenga por efecto impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones”. En otras palabras, la ley en cuestión se refiere explícitamente a preferencias sexuales y aquellas distinciones que tengan por efecto (es decir, no importa la intención, sino lo que produce) impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de estas personas. El artículo 9 de la ley también considera discriminación “incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o a la exclusión”, y “realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual”. Todo esto es lo que “inocentemente” hizo el gobernador constitucional del estado libre y soberano de Jalisco, cuando hizo su bromita sobre “el asquito” que le provocan las bodas entre personas del mismo sexo. Es por eso que me niego a creer que lo dicho sea por ignorancia o dipsomanía. Es un claro acto de discriminación homofóbica, que es más grave porque proviene de un servidor público, quien supuestamente debería estar vigilando que se cumplan las leyes, no promoviendo que se rompan. La homofobia es una de nuestras lacras sociales, desafortunadamente promovida por una cultura machista y un catolicismo conservador que genera mucha violencia en el país. Cito al respecto el artículo de Ricardo Hernández Forcada “La no discriminación como derecho humano: el caso de la homofobia”, publicado en Homofobia y salud, Memorias, número 1 de la Comisión Nacional de Bioética en 2007: “La Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia en su informe de 2003 reporta que de 1995 a esa fecha se registraron 280 asesinatos contra homosexuales (hombres y mujeres), lo que equivale a 35 homicidios por año y cerca de tres por mes”. A esto hay que agregar lo que todos sabemos: los miembros de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) son objeto constante de agresiones por parte de fuerzas “del orden” y por grupos intolerantes, sólo por el hecho de tener preferencias sexuales diversas. Liliana Velázquez, de Amnistía Internacional, afirma, en las mismas Memorias: “En el caso de las comunidades (LGBT) los gobiernos están faltando, al no promover leyes que permitan castigar a los responsables, o por no modificar leyes que por omisión no protegen a las víctimas ni permiten sancionar a los responsables. Y es que en todo el mundo se encarcela a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales mediante la aplicación de leyes que vigilan dormitorios, y que convierten un beso en un delito; se les tortura para obtener confesiones de desviación, se les viola para curarlos de ella y se les somete a tratamientos médicos forzosos en busca de una cura; en algunas sociedades se les considera desechables, y los escuadrones de la muerte los persiguen y asesinan”. El gobernador de Jalisco no está solo. Diversas encuestas realizadas en los últimos años coinciden en que un número significativo de los mexicanos no compartirían el techo con un homosexual (66 por ciento) o de plano con la persona con la que menos estarían dispuestos a compartir su casa sería con un homosexual (48 por ciento). El problema es que uno quizás ingenuamente esperaría que los funcionarios públicos fuesen personas con más capacidad intelectual y calidad moral. En vez de eso, nos encontramos con sujetos llenos de prejuicios y estereotipos discriminadores que, bajo la bandera religiosa, alimentan los instintos más bajos y la violencia contra todos aquellos que osan ser diferentes. blancart@colmex.mx