ENTRE CÓDIGOS

JESÚS ARANDA TERRONES

Conmemoración del décimo aniversario del atentado del 11 de septiembre en Nueva York, encabezada por George W. Bush y Barack Obama Foto: FOTO NOTIMEX

 

◗ El 11 de septiembre y la intervención de Estados Unidos en México

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron drásticamente la agenda bilateral que sostienen México y Estados Unidos.
El vecino país del norte enarboló la guerra contra el terrorismo y justificó de esa manera la intervención en Irak y Afganistán y limitó los derechos humanos de los ciudadanos estadunidenses y del mundo entero en aras de la seguridad nacional.
México, por su parte, aceptó dócilmente la nueva situación e hizo suya la agenda estadunidense de seguridad, con el objetivo principal de no perder al “socio, aliado y amigo” conseguido en 1994 con la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio.

En abril de 2007, el presidente Felipe Calderón hizo un guiño al gobierno estadunidense al enviar al Congreso una iniciativa de ley contra el terrorismo que contó el aval de los legisladores.
Así, sin tener una amenaza real para el país de que se cometieran actos terroristas, los legisladores avalaron una ley que prevé pena de prisión de 5 a 15 años a quien cometa ese delito; al que utilice sustancias químicas, biológicas o similares, material radiactivo que produzcan alarma, temor o terror en la población, se le castigará con la cárcel de seis a 40 años de prisión.
Si las cosas hubieran quedado en reformas legales, que pudiera decirse que eran necesarias para prevenir y, en su caso, sancionar actos terroristas, no habría nada que objetarle al gobierno de Calderón.
Sin embargo, la paranoia antiterrorista ha permitido y seguirá permitiendo la grosera intervención de Estados Unidos en nuestros asuntos internos.
En abril pasado se realizó en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) un seminario internacional en materia militar en el que participaron el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza; el entonces comandante del Comando Norte de Estados Unidos, James A. Winnefeld Jr., y el teniente general, Walter Semianiw, comandante del Comando de Canadá.
En ese evento, el subsecretario para Norteamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Ramos dio a conocer una nueva forma de “colaboración” con Estados Unidos en materia de seguridad, en la que, de nueva cuenta, la soberanía nacional pasa a segundo término, con tal de quedar bien con nuestro vecino.
El funcionario dijo que “con una visión estratégica” se promueve con Estados Unidos una frontera del siglo XXI.
Añadió que rompiendo inercias del pasado, México transita hacia la modernización de sus puertos y la creación de nueva infraestructura fronteriza.
“Una muestra de ello, es la construcción de un puente peatonal entre el aeropuerto de Tijuana y un edificio de inspección de aduanas, donde pasajeros estadunidenses podrán acceder desde San Diego a la terminal del aeropuerto de Tijuana, desde donde podrán viajar a otras partes de América Latina y a México de una manera segura y fácil”.
Es decir que nuestros intereses son los mismos que los de los estadunidenses, que si ellos revisan a sus ciudadanos y consideran que no hay ningún problema para que aborden un vuelo en territorio nacional, ¿el gobierno mexicano no tiene por qué objetar la decisión?
¿Dónde queda nuestra soberanía, nuestros intereses?, tal parece que al gobierno federal no le preocupan estos cuestionamientos, únicamente quedar bien con el vecino para que sus ciudadanos no sean molestados por los aduaneros mexicano, para que no tengan molestias al ingresar a territorio nacional. Sería bueno saber si la medida será recíproca.
Por otra parte, algo está pasando en el Canal Judicial, y no necesariamente algo bueno. Hace unos días, la Comisión de Equidad y Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una queja en la que una editora acusó a un productor del Canal Judicial de acoso sexual.
Quienes están encargados de estos temas ya tomaron cartas en el asunto, sobre todo, porque hay versiones de que no sería el primero ni el único caso de este tipo en el mismo lugar.
Por cierto, hace unas semanas, un alto funcionario del Canal Judicial que recién regresaba de España de tomar un curso, pagado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no tuvo empacho en dejar el cargo.
Haría bien la Contraloría Interna del máximo tribunal en investigar qué pasó; porque no se vale que la Institución pague miles de pesos en capacitar a su personal y que no haya mecanismos de control que garanticen que a su regreso, el funcionario beneficiado retribuya lo que se invirtió –por lo menos por un tiempo determinado– en él. ¿No?

jaranda@jornada.com.mx