Embestida a redes sociales

Aparador

Sergio René de Dios

 Jueves, 27 Octubre 2011  

Cuando policías de Veracruz llegaron a la casa de Maruchi Bravo Pagola, arrancaron el medidor de la energía eléctrica, luego entraron a detenerla por el delito de “terrorismo y sabotaje con la intención de desestabilizar a la Entidad”, sin derecho a fianza. Los agentes golpearon a su hija y a su nieto, y les advirtieron que ya no usaran Facebook, Twitter u otra red social porque, de seguir haciéndolo, advirtieron, los matarían.

“Di de baja mi cuenta de Facebook”, recuerda Maruchi, la tuitera veracruzana que, al igual que otro usuario de las redes sociales, fue detenida en agosto pasado por difundir mensajes sobre la versión de que estaban ocurriendo atentados en escuelas. Para las autoridades estatales eso constituyó un delito grave que merecía 30 años de cárcel. Finalmente, Maruchi quedó en libertad. Hace cuatro días presentó su testimonio en el foro El papel de Internet en un contexto de violencia en México, que organizó la Cámara de Senadores.
Recordó que las pruebas en su contra eran frágiles, “como un contacto en el celular llamado ‘Uno’, que supusieron era el jefe de la mafia”, cuando en realidad es el teléfono de los inquilinos del departamento Uno que no habían pagado renta. La obligaron a firmar que nunca usaría una red social. La maltrataron, la golpearon con las armas, perdió el conocimiento, pidió que la mataran, señaló. “Postear” —publicar en redes sociales— se volvió pesadilla.
Trasladada al penal de Pacho Viejo, en Veracruz. Ahí conoció al otro tuitero detenido, Gilberto Martínez, quien reveló que también había sido torturado. Él era “mi cómplice”, según la policía veracruzana, indicó Maruchi.
Lo grave es que, al igual que en Veracruz, en 16 entidades del país sus gobiernos y diputados están buscando modificar los códigos penales para crear “delitos muy raros” como el de “perturbación del orden público o rumores falsos”, denunció esta semana el senador Francisco Javier Santillón Fonseca.
El mismo lunes pasado se dio a conocer un hecho ligado al de los tuiteros: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que la acción de inconstitucionalidad que promovió contra el artículo 373 del Código Penal de Veracruz (el que aplicaron a los tuiteros) que creó el delito de “perturbación del orden público”, fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo, indicó el organismo, “resulta contrario a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de expresión tuteladas” por la Constitución y tratados internacionales de los que México forma parte.
Mientras en la Cámara de Diputados actualmente se analiza una iniciativa para reconocer el acceso universal a internet como derecho humano, sectores retrógrados, cuadrados, autoritarios, de la clase política mexicana, inventan delitos para someter más a sus gobernados. Está en riesgo en el país la libertad de expresión en las redes sociales. Los ciudadanos, mínimo —subrayo mínimo—, necesitamos informarnos qué aprueban o no las autoridades y legisladores.