Estado de los ESTADOS

 Lilia Arellano

“Se dice que las nuevas generaciones serán difíciles de gobernar. Así lo espero”: Alain

• EU arma escenario para invasión
• Mentiras aleccionan las intervenciones
• Cancillería respalda jugada de Obama
• “¿Dónde firmó la denuncia contra FCH?”
• AMLO rechaza “gobiernos de coalición”
Octubre 11, 2011.- Al igual que en la invasión a Afganistán en 2001 e Irak en 2003, Estados Unidos prepara el escenario para intervenir militarmente en México con el pretexto de hacer frente a una “narcoinsugencia” que amenaza su seguridad en la frontera sur, ante la
posibilidad de que un nacionalista de izquierda y popular gane las elecciones presidenciales del 2012. En 2001, EU mintió al justificar su invasión a Afganistán pretextando buscar a Osama Bin Laden, a quien se culpó del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York; en 2003, EU mintió otra vez al justificar que invadieron Irak para buscar armas de destrucción masiva, las cuales nunca aparecieron; en 2011 vuelve a mentir al asegurar que en México existen “narcoinsurgentes” asociados con terroristas de Medio Oriente, y para ello creó el “narcoterrorismo” y la “narcoinsurgencia” en el marco de la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.

La mentira es una de las principales armas de destrucción del gobierno de Estados Unidos. La invasión de Afganistán realmente se llevo a cabo por el interés del gobierno norteamericano en las reservas de petróleo y gas en el noroeste de ese país, con estimaciones de 1.5 billones de petróleo y de 15 a 30 trillones de pies cúbicos de gas natural en el sur, además de sus vastos depósitos de Uranio. Por si eso fuera poco está el opio, toda vez que el 92 por ciento del opio mundial viene de este país y su valor en la calle oscila entre 30 y 80 billones de dólares al año, y cubren el 60 por ciento de la demanda de heroína de los Estados Unidos. La invasión de estadounidense a Afganistán es una de las guerras más prolongadas de ese país y aún no concluye.

También en el caso de la invasión de Estados Unidos a Irak la mentira fue su primera y principal arma. Aún y cuando se argumentó que la razón de esta guerra fue la búsqueda y destrucción de armas masiva y acabar con la relación entre el gobierno baasí iraquí y la organización guerrillera Al Qaeda, las verdaderas causas están en el control de las grandes reservas de petróleo y el evitar que la Unión Europea o potencias emergentes como China e India se acercaran a esas gigantescas reservas de hidrocarburos. Este hecho fue incluso admitido en 2007, en su libro de memorias, por el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan. Esto fue otra mentira que el tiempo muy pronto reveló.

Ahora en México se maneja la misma estrategia. Se pretexta que en territorio mexicano operan narcotraficantes, terroristas e insurgentes, que representan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. El pequeño e importante detalle de que en territorio mexicano no existen insurgentes ni terroristas ha sido cubierto en los últimos años por las agencias de inteligencia estadounidenses que han ido creando grupos de “narcoterroristas” y “narcoinsurgentes”, en el marco de la guerra declarada por Felipe Calderón a los cárteles del narcotráfico, en estricto apego a los lineamientos de la “Iniciativa Mérida” que George W. Busch obligó a firmar a Felipe Calderón y cuyo resultado para el país es, hasta el momento, más de 50 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, más de 230 mil desplazados, el empobrecimiento del país y el proyecto en marcha del establecimiento de un estado policíaco militar.

La administración de Felipe Calderón es totalmente sumisa a las órdenes de Washington y representa un verdadero peligro para la soberanía nacional de México y para su independencia política. En este marco es donde se inscribe la información difundida por fuentes federales de Estados Unidos en donde señalan que el FBI (Oficina Federal de Investigación) y la DEA (Dirección Estadounidense Antidrogas) frustraron una trama para cometer “un importante acto de terrorista en Estados Unidos” vinculado a Irán, que incluía el asesinato del embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, con una bomba, y otros ataques posteriores también con bomba contra las embajadas de Arabia Saudí y de Israel en Washington.

Erik Holder, fiscal general de Estados Unidos, quien conoció la fallida operación “Rápido y Furioso” de contrabando de miles de armas a México, argumentó que un agente encubierto estadounidense en México -¿cuántos de estos agentes trabajan en los cárteles del narcotráfico?- se hizo pasar por narcotraficante para efectuar el atentado, gracias al cual se pudo capturar a Mansor Arbabsiar, un iraní de 56 años naturalizado estadounidense, quien fue detenido el 29 de septiembre pasado a su regreso de México, tras haber mantenido varias entrevistas con ese falso narcotraficante, mientras que otro iraní, Gholam Shakuri, un presunto miembro del grupo de élite militar Al Qods, con base en Irán, permanece en fuga.

Holder asegura que el complot fue “concebido, financiado y dirigido desde Irán”. La operación, denominada “Coalición Roja”, arrancó en mayo cuando Arbabsiar entró en contacto con el agente encubierto de la DEA en México, supuesto narcotraficante de un cártel mexicano que se haría cargo del ataque a cambio de 1.5 millones de dólares. La versión del fiscal general estadounidense fue respaldada de inmediato por la administración de Felipe Calderón. El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Julián Ventura, añadió que al detectar y expulsar del país al iraní Mansor Arbabsiar, se desactivó un riesgo “relevante” para la seguridad nacional, de Estados Unidos, por supuesto.

Ventura leyó un mensaje ante la prensa mexicana en la que explica que el 28 de septiembre el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó al presunto terrorista nacionalizado estadounidense, intentado ingresar a México y se le impidió ese objetivo en virtud de que no cumplía con los requisitos de internación previstos en la Ley General de Migración y su Reglamento, por lo que se le regreso a su sitio de origen, en una escala al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Este escándalo tiene aristas internacionales muy importantes: la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, afirmó que en torno a las acusaciones que su país hizo a Irán sobre un intento de asesinato del embajador saudita en EU, Washington consultará con sus aliados sobre mecanismos para “aislar más” a Teherán. Washington podría buscar nuevas sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas así como sanciones unilaterales por parte de sus aliados, desde Australia hasta Europa, contra Teherán.

Por su parte, Arabia Saudita calificó de “despreciable” el presunto complot para asesinar a su embajador en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, señalando que viola “los principios de humanidad”, y agradeció a “los organismos responsables del gobierno de Estados Unidos por prevenir un acto criminal”.

Mientras tanto, el gobierno iraní rechazó la acusación y dijo que se trata de “un escenario prefabricado para desviar la atención de la opinión pública estadounidenses de los problemas internos de Estados Unidos”. Alí Akbar Javanfekr, consejero de prensa del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad, acusó que “el gobierno estadounidense y la CIA tienen una larga experiencia en desviar la atención de la opinión pública de los problemas internos de Estados Unidos. Ahora habrá que esperar conocer los detalles de este escenario prefabricado para descubrir los objetivos del gobierno norteamericano”.

Varios de esos objetivos centrales sin duda alguna están centrados en México, en la guerra de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, en la escalación de la “Iniciativa Mérida” hacia un “Plan México”, similar al “Plan Colombia”, que implicaría una intervención militar de Estados Unidos en nuestro país, en donde ya se realiza una amplia operación de inteligencia por parte de agentes estadounidenses encubiertos, se continúa con la introducción de grandes cantidades de municiones hacia México desde puestos fronterizos estadounidenses y en donde cada día se amplia la estrategia policíaco-militar de intervenir entidades de la República con fuerzas militares y policíacas federales, que potencian la violencia en esos territorios y culpan después a los cárteles de la misma.

En ese marco, en el que también están a toda marcha las presiones legislativas en el Congreso estadounidense para empujar al gobierno de Barack Obama a enfocar la cooperación con México como un asunto de urgencia y de prioridad militar, al estilo del plan colombiano de lucha contrainsurgente de los años 1990, el subsecretario del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró que corresponde a Felipe Calderón decidir qué tipo de ayuda militar quiere recibir de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. La cual, por supuesto, se le brindaría de inmediato.

Más que clara fue también la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, quien reiteró que la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México es un asunto de seguridad interna para los EU, porque, dijo, tienen la habilidad de penetrar diversos estados de ese país. La funcionaria consideró muy importante que no se pierda el estado de derecho en los estados fronterizos en México, donde, señaló “se han hecho avances con la captura o muerte de los líderes”. En un foro en la Universidad George Washington, dijo que Estados Unidos busca abordar en forma simultánea la compleja relación con México para mantener control fronterizo, libre flujo comercial y lucha contra el narcotráfico.

El complot de un presunto atentado contra embajadas en Estados Unidos reavivó en el Congreso estadounidense las preocupaciones respecto a la seguridad en la frontera. La republicana Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Asuntos Internacionales en la Cámara de Representantes, advirtió sobre el posible vínculo de Irán con el crimen organizado en México, una advertencia que repercutirá sin duda alguna en los discursos políticos de las elecciones presidenciales del año próximo en ambos países.

DENUNCIA CONTRA CALDERÓN

“¿Dónde firmó?”, fue la pregunta de muchos ciudadanos mexicanos deseosos de respaldar la denuncia contra Felipe Calderón, su equipo de seguridad y narcotraficantes, ante la Corte Penal Internacional. Esa acusación la promueve un grupo de académicos, intelectuales, periodistas y abogados, a fin de que sean juzgados por la sistemática violación de derechos humanos y crímenes de lessa humanidad. Los contundentes argumentos de la denuncia son más de 50 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, 230 mil desplazados y la inacción de las autoridades mexicanas para castigar estos hechos.

Ciudadanos en general y personalidades políticas como el destacado jurista Bernardo Bátiz respaldan esa denuncia contra el actual inquilino de Los Pinos y su equipo de seguridad y piden se siga el procedimiento en el Tribunal Penal Internacional, que se ocupa de casos relacionados con autoridades que no pueden ser juzgados en su propio país porque tienen el poder. El maestro destaca que la acusación también contra los narcos viene a ser una verdadera novedad, porque un poderoso no solamente lo es porque formalmente ocupe un cargo público, sino también por el poder de hecho, de las armas, de los recursos que maneja y el control de la gente que tiene a sus órdenes. Bátiz afirmó que no se puede saber con certeza qué van a resolver finalmente los jueces en torno a esta denuncia, pero hacia eso va encaminada: a que finalmente haya una sanción.

No hay que pasar por alto que la acusación contra Felipe Calderón y su gabinete de seguridad se da en el marco del arranque de las elecciones federales del 2012, que pueden hacer que el PAN abandone la Presidencia de la República y que un político surgido de las fuerzas populares ocupe la primera magistratura del país, lo que colocaría al michoacano en el banquillo de los acusados. Dentro de se mismo contexto se inscriben las amenazas de los generales estadounidenses de llevar a cabo una intervención armada en México y el escenario mediático que están construyendo con el “descubrimiento” de contactos de terroristas de Medio Oriente con los cárteles y sicarios al servicio del narcotráfico de México.

Por otra parte, para Bátiz la propuesta de formar gobiernos de coalición en México es una nueva fórmula que están promoviendo para ver si pueden detener a un candidato que surge desde abajo, que lo apoya el pueblo: Andrés Manuel López Obrador. Dijo que están buscando cualquier fórmula para ponerle una zancadilla, y ésta es el gobierno de coalición que a final de cuentas es una trampa para la izquierda, como se observa en gobiernos como los de Puebla, en donde se llegó a través de una coalición pero ahora se apoya abiertamente al PAN.

Pareciera, dijo el jurista, que es una fórmula para mantener el status quo, para que las cosas no cambien aunque aparenten cambiar, para que todo siga igual. Por eso, al ser una trampa para la izquierda, consideró que tanto López Obrador como Marcelo Ebrard, deben medir muy bien los pasos que están dando, y en un punto tan importante como son las coaliciones no pueden diferir, por lo que debe prevalecer la prudencia política, la convicción y la lealtad a una causa.

Bátiz añadió que en un gobierno de coalición en vez de llevar a cabo programas y proyectos en una línea política, pasa lo que ocurre en los congresos, en donde una negociación de votos se suple al debate, la discusión y la polémica con el pretexto de la gobernabilidad, la cual se debe dar en función del voto libre de los legisladores, no con controles políticos, sino con libertad. Los actores políticos que la promueven quieren ver sólo por sus intereses y no por los de la colectividad. Es una propuesta muy peligrosa que está tomando fuerza.

AMLO CONTRA COALICIONES

Andrés Manuel López Obrador descartó en Washington acordar una alianza electoral que incluya al PAN o al PRI para lograr un gobierno de coalición. Ante académicos y alumnos del Centro Internacional Woodrow Wilson, sostuvo que eso sería una “simulación”. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que “estamos intentando abrir un camino nuevo. Ya no a la simulación, ya no al engaño, ya no más de lo mismo”.

López Obrador pidió también al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, regularizar la situación migratoria de los mexicanos que laboran formalmente en aquel país, y resaltó que en los últimos tiempos la cooperación entre México y EU se ha enfocado a temas de seguridad, sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración, por lo que adelantó que propondrá al gobierno estadounidense un cambio sustancial en la relación bilateral.

Por el contrario, el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, se pronunció a favor de concretar los llamados gobiernos de coalición. El ex gobernador de Michoacán consideró que así los actores políticos estarían obligados a pactar una agenda común que le dé rumbo al país, a fin de superar el rezago económico, el deterioro social, dar seguridad a todo mundo y combatir la delincuencia. En la misma línea, el ex presidente Vicente Fox dio la bienvenida al “gobierno de coalición”. Dijo que “todo lo que sea consenso, todo lo que forme mayoría, todo lo que facilite ese camino, bienvenido”.

DE LOS PASILLOS

En la Cámara de Diputados, las fracciones parlamentarias del PRD y PT presentaron una solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien atribuyen ser “uno de los actores intelectuales de la guerra contra el narcotráfico”. Los legisladores de oposición argumentan que García Luna “es copartícipe de una situación de violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, que ha comprometido el normal funcionamiento de las instituciones del país, su paz y la vida de sus habitantes”.

El vocero del CEN del PRI, David Penchyna, consideró que los dichos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en el sentido de que frente a las elecciones del 2012 sólo existe la opción de los gobiernos de coalición o regresar al viejo régimen priista, sólo demuestran su desesperación ante su baja competencia electoral. El legislador dijo que su partido no comparte que hacia la elección del próximo año la única posibilidad del país sean los gobiernos de coalición, toda vez que buscan ganar la Presidencia de la República y tener la mayoría en el próximo Congreso de la Unión.

Informes de la Secretaría de Hacienda revelan que debe participaciones a los estados por alrededor de 12 mil 670 millones de pesos. De enero a agosto, Hacienda repartió a las entidades federativas 319 mil 500 millones de pesos de participaciones, cuando las programadas, según el Presupuesto de Egresos 2011, era pagarles 332 mil 170 millones de pesos en ese periodo.

(lilia_arellano@yahoo.com)