por Jorge O. Navarro
Miércoles, 26 Octubre 2011
La confrontación entre diputados jaliscienses y Gobierno estatal a propósito de la iniciativa presentada por el gobernador Emilio González Márquez para que los legisladores autoricen un endeudamiento de hasta 950 millones de pesos para atender los daños causados por el huracán “Jova”, es una muestra de hasta qué punto está paralizada la capacidad de ejercicio público en Jalisco, en este caso particular.
Los más de 46 mil afectados (cifra calculada por el Gobierno del Estado) deben esperar a que acaben los Juegos Panamericanos para que, ahora sí, el gobernador y su gabinete den atención real a la tragedia cotidiana que se vive en zona de la Costa Sur y la Sierra de Amula.
De los diputados no puede esperarse más, por su permanente politiquería y porque las reglas legislativas están diseñadas para facilitar la parálisis o, en el mejor de los casos, el tortuguismo, en el desempeño de sus funciones.
Pero lo más grave no es sólo que choquen diputados y funcionarios del Gobierno estatal, sino que ahora la tragedia de miles se convierte en el pretexto ideal para el lucro electoral.
Justamente eso, lucrar electoralmente, fue lo que hizo el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez (en su afán de ser candidato del PAN a la gubernatura), al organizar este 25 de octubre una reunión en Palacio de Gobierno con siete alcaldes de la zona urgida de apoyo, para luego acompañarlos al Congreso, al otro lado de la Plaza de la Liberación —en un claro gesto político de presión— y al estar ahí, reunirlos sólo con diputados de Acción Nacional, cuando sabía con certeza que la diputada del PRI y presidenta de la Comisión legislativa de Hacienda, Patricia Retamoza, estaba esperando a la comitiva para explicar el trámite que darán a la iniciativa de endeudamiento.
Lucran también los diputados panistas que, encabezados por Gustavo Macías, el nuevo coordinador de la bancada, viajaron a la región afectada y se reunieron con los vecinos, apremiados por necesidades elementales, a quienes les prometieron que harán todo lo que esté en sus manos para que se apruebe la deuda.
Y a los alcaldes que vinieron a Guadalajara para reunirse con Guzmán Pérez Peláez, puede considerárseles cuando menos irresponsables, si no se llevaron una copia de la iniciativa enviada por el gobernador Emilio González (el gran ausente en este problema) para contrastar el documento con las declaraciones que durante días han hecho el mismo mandatario y sus secretarios, y que a la luz de los hechos alcanzan categoría de mentiras.
¿Por qué? El escrito turnado al Congreso hasta el 20 de octubre, ocho días después de que azotó el huracán, especifica el monto de la deuda que pretende contraer el gobernador: hasta 950 millones de pesos, y detalla que se pagarán en un plazo que no exceda de 20 años. De este modo, queda anulado el “crédito-puente” anunciado por el mandatario Emilio González y que se pagaría, dijo, tan pronto como recibieran recursos federales.
Además, se argumenta que los recursos se destinarán a cuatro rubros: a) puentes y vialidades principales, b) infraestructura rural, c) daños materiales en vivienda, y d) daños en menaje de casa, pero inexplicablemente se especifica que los beneficiarios son 52 municipios, ¡e incluye a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, cuando la declaratoria de emergencia ante el Gobierno federal consideró sólo 13 municipios en la zona costera y la Sierra!
Para más contradicción, en ningún momento el gobernador o su secretario general han solicitado al Congreso que se dé tratamiento especial a la iniciativa de deuda por la urgencia evidente en el tema. ¿Resultado? Será hasta el 31 de octubre que, en sesión del pleno, se presente como un punto más en la agenda y se turne a comisiones… donde se puede modificar el documento, solicitarse más información y turnarse a aprobación o rechazo durante un período de semanas o meses.
Quedan muchas preguntas: ¿Por qué el gobernador no apeló a la facultad legal que le permite contratar la deuda para un hecho urgente y evitar el largo trámite legislativo? ¿Por qué no ha explicado si ya solicitaron recursos del seguro para desastres contratado por el Gobierno estatal tiempo atrás? ¿Por qué incluyen 39 municipios más que, evidentemente, no están en la zona de urgencia?
El gobernador está absorto en los Juegos Panamericanos y el secretario general todo lo condiciona a su agenda electoral, igual que lo hacen la mayoría de los diputados del Congreso, abocados ya a la dinámica del año 2012.
Los afectados y damnificados de “Jova” pueden estar seguros de una cosa: la ayuda de su Gobierno estatal llegará muy tarde y a cuentagotas. Sus alcaldes deberían evitar convertirse en carnada electoral y dirigirse directamente a la Presidencia. Alguien debe escucharlos.
De los diputados no puede esperarse más, por su permanente politiquería y porque las reglas legislativas están diseñadas para facilitar la parálisis o, en el mejor de los casos, el tortuguismo, en el desempeño de sus funciones.
Pero lo más grave no es sólo que choquen diputados y funcionarios del Gobierno estatal, sino que ahora la tragedia de miles se convierte en el pretexto ideal para el lucro electoral.
Justamente eso, lucrar electoralmente, fue lo que hizo el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez (en su afán de ser candidato del PAN a la gubernatura), al organizar este 25 de octubre una reunión en Palacio de Gobierno con siete alcaldes de la zona urgida de apoyo, para luego acompañarlos al Congreso, al otro lado de la Plaza de la Liberación —en un claro gesto político de presión— y al estar ahí, reunirlos sólo con diputados de Acción Nacional, cuando sabía con certeza que la diputada del PRI y presidenta de la Comisión legislativa de Hacienda, Patricia Retamoza, estaba esperando a la comitiva para explicar el trámite que darán a la iniciativa de endeudamiento.
Lucran también los diputados panistas que, encabezados por Gustavo Macías, el nuevo coordinador de la bancada, viajaron a la región afectada y se reunieron con los vecinos, apremiados por necesidades elementales, a quienes les prometieron que harán todo lo que esté en sus manos para que se apruebe la deuda.
Y a los alcaldes que vinieron a Guadalajara para reunirse con Guzmán Pérez Peláez, puede considerárseles cuando menos irresponsables, si no se llevaron una copia de la iniciativa enviada por el gobernador Emilio González (el gran ausente en este problema) para contrastar el documento con las declaraciones que durante días han hecho el mismo mandatario y sus secretarios, y que a la luz de los hechos alcanzan categoría de mentiras.
¿Por qué? El escrito turnado al Congreso hasta el 20 de octubre, ocho días después de que azotó el huracán, especifica el monto de la deuda que pretende contraer el gobernador: hasta 950 millones de pesos, y detalla que se pagarán en un plazo que no exceda de 20 años. De este modo, queda anulado el “crédito-puente” anunciado por el mandatario Emilio González y que se pagaría, dijo, tan pronto como recibieran recursos federales.
Además, se argumenta que los recursos se destinarán a cuatro rubros: a) puentes y vialidades principales, b) infraestructura rural, c) daños materiales en vivienda, y d) daños en menaje de casa, pero inexplicablemente se especifica que los beneficiarios son 52 municipios, ¡e incluye a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, cuando la declaratoria de emergencia ante el Gobierno federal consideró sólo 13 municipios en la zona costera y la Sierra!
Para más contradicción, en ningún momento el gobernador o su secretario general han solicitado al Congreso que se dé tratamiento especial a la iniciativa de deuda por la urgencia evidente en el tema. ¿Resultado? Será hasta el 31 de octubre que, en sesión del pleno, se presente como un punto más en la agenda y se turne a comisiones… donde se puede modificar el documento, solicitarse más información y turnarse a aprobación o rechazo durante un período de semanas o meses.
Quedan muchas preguntas: ¿Por qué el gobernador no apeló a la facultad legal que le permite contratar la deuda para un hecho urgente y evitar el largo trámite legislativo? ¿Por qué no ha explicado si ya solicitaron recursos del seguro para desastres contratado por el Gobierno estatal tiempo atrás? ¿Por qué incluyen 39 municipios más que, evidentemente, no están en la zona de urgencia?
El gobernador está absorto en los Juegos Panamericanos y el secretario general todo lo condiciona a su agenda electoral, igual que lo hacen la mayoría de los diputados del Congreso, abocados ya a la dinámica del año 2012.
Los afectados y damnificados de “Jova” pueden estar seguros de una cosa: la ayuda de su Gobierno estatal llegará muy tarde y a cuentagotas. Sus alcaldes deberían evitar convertirse en carnada electoral y dirigirse directamente a la Presidencia. Alguien debe escucharlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario que sera publicado automaticamente; si este,no fue publicado por favor notificalo a nuestro correo electronico sadimyer@gmail.com