Julio Astillero: Cansadas autoconfesiones de un Estado criminal

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 http://youtu.be/p1B5iD8DMw0

Publicado el 07/11/2014

 La Jornada San Luis

Es escalofriante el relato de la criminalidad gobernante de este país que ha hecho Jesús Murillo Karam a la hora de dar continuidad al libreto de dosificación del horror que el gobierno federal mantiene sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Es estremecedor no sólo el relato, sino la manera en que un muy alto funcionario federal , el procurador de justicia de la nación, va describiendo la operación criminal de uno de los muchísimos grupos que actúan en muchas ciudades y regiones de un país tan sustraido al imperio del derecho y a la funcionalidad institucional como es México. Relato que es autoconfesión, aceptación de que no sólo hay un estado fallido, sino un estado criminal, un narcoestado porque, más allá de las elaboraciones de Murillo, está claro que lo de Iguala fue un crimen de Estado.
Tristes, desoladas y crudas las descripciones que hoy fue haciendo Jesús Murillo Karam, miembro destacado del grupo que mantiene al país al borde del estallido social, exgobernador siniestro del estado de Hidalgo, operador priista estelar en cuanto a las peores mañas políticas y electorales, herencia que deja Peña Nieto al siguiente ocupante de Los Pinos, pues durará Murillo nueve años más a título de fiscal general de la república, “autónomo”.
Pero ni siquiera se conduele la narrativa oficial de los deudos y de la nación entera, pues entrega la PGR un desenlace oficial a medias, un final que no es final sino continuidad de la farsa que se ha ido desarrollando en busqueda (fallida) de diluir el enojo social y reducir la responsabilidad del gobierno federal. Según el fabulador Murillo, Todo indica que sí son los 43 desaparecidos, pero oficialmente no son, pues los restos calcinados son tan difícilmente identificables mediante pruebas forenses que ese proceso durará durante un lapso indefinido.
La irritante solemnidad del presunto defensor implacable de la legalidad, el antes mencionado Murillo Karam, contrasta ruidosamente con la convicción social de que en México los testigos, los declarantes, los procesos y las resoluciones se manipulan a gusto de los poderosos. Por ello es que los padres y familiares de los 43 no aceptan el libreto de Los Pinos. Consideran que sus hijos siguen vivos y así seguirán luchando, sin aceptar la versión gubernamental y en espera de que los forenses argentinos den luz sobre el asunto.
Para efectos prácticos, el gobierno del viajero Enrique Peña Nieto ha hecho saber que los 43 murieron en bárbaras condiciones, pero al mismo tiempo se guarda el recurso de que no se ha confirmado ese dictamen ni se confirmará durante un lapso indeterminado, que puede llevarse el resto del periodo de “gobierno”, si es que éste es concluido por quienes hoy  lo ejercen. Es una declaratoria formal de que la sociedad seguirá como rehén de las maquinaciones y que la estructura pervertida de lo judicial puede enderazarse en cualquier momento contra quienes deseen hacerlo los mismos sabuesos tramposos del caso Paulette.
Murillo Karam (es decir, Peña Nieto) ha confirmado a la nación que la legalidad está grotescamente al servicio de los poderosos, que todo puede acomodarse narrativamente a conveniencia de Los Pinos (a partir de tres declarantes detenidos un día después de la sesión con padres de familia de un Peña Nieto, que nada sabría del desenlace) e incluso, en una confesión esclarecedora, que fue mejor que el Ejército y las fuerzas federales no intervinieran durante la noche trágica de Iguala porque seguramente se habrían puesto del lado de la narcopolicía municipal y en contra de los estudiantes.
Murillo Karam se dijo cansado al final de una rueda de prensa ofrecida desde la plataforma de la impunidad y la soberbia. Los mexicanos no necesariamente comparten ese cansancio. En estas semanas han mostrado enjundia y convicción en la demanda de que aparecieran con vida los que ahora son dados por muertos pero sin certificado oficial. Peña Nieto, antes de salir a una temeraria gira internacional, también se dijo consternado y muy triste por los resultados anunciados por su procurador. Indignación absoluta. Promesas de que se detendrá a todos los que participaron en los crímenes abominables y se hará justicia, entre aplausos de audiencia industrial y oficialista que le ovacionó como en su momento hubo quienes lo hicieron ante palabras “justicieras” del represor Gustavo Díaz Ordaz. Un sombrío desenlace anunciado marrulleramente a medias en un país donde nadie sabe quiénes son los que ya se han cansado, si los funcionarios que se dicen indignados frente a lo que deberían impedir y resolver y no sólo lamentarse expiatoriamente, o los ciudadanos a los que Aytozinapa ha hecho levantarse y caminar en protesta duradera.