lunes, 14 de junio de 2010

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riminales
Jorge Carrasco Araizaga



MÉXICO, D.F., 11 de junio (apro).- Cuando el agente infiltrado de la DEA, Enrique Kiki Camarena fue asesinado en México, el gobierno de Estados Unidos desató en México una cacería hasta dar con quienes, según la justicia de ese país, fueron los responsables.
         Además de una intensa campaña mediática para denigrar a México, el gobierno estadunidense violó todas las reglas para internarse en el territorio nacional, secuestrar a algunos de los alegados asesinos y presentarlos ante una corte federal.
          Ahora que agentes de la Patrulla Fronteriza, en hechos distintos, asesinaron de forma artera a dos ciudadanos mexicanos, uno de ellos un menor de 14 años, Felipe Calderón está obligado a requerirle a la administración de Barak Obama la detención con fines de extradición de uno de los criminales, quien asesinó al adolescente dentro del territorio mexicano.
        Calderón conoce bien el procedimiento. Solícito como ningún otro presidente, es quien más ciudadanos mexicanos ha entregado a la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.
          A la mitad de su sexenio, de diciembre de 2006 a enero de este año, ya había extraditado a 316 personas acusadas de cometer delitos en Estados Unidos, la mayoría acusada de narcotráfico.
          Las propias cifras oficiales indican que en tres años, Calderón había extraditado ya un 50 por ciento más que su antecesor en todo su sexenio. Vicente Fox mandó a 219 mexicanos para ser juzgados en tribunales estadunidenses . . .*

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