Las obligaciones y responsabilidades inherentes al Estado y al gobierno son materializadas necesariamente al brindarles a los ciudadanos de todo el país protección, seguridad y certidumbre frente a su presente y futuro. En caso de no suceder esto, ora porque las autoridades se vean rebasadas en sus deberes por la complejidad de los procesos sociales; ora porque los intereses de la clase gobernante se impongan sobre los intereses de la colectividad, la población en su conjunto comenzará a vivir en un marco de violencia generalizada, convirtiéndose eventualmente en una sociedad violentada. Cuando la elite política asume el gobierno, debe aceptar la responsabilidad de brindar seguridad a sus gobernados. El binomio gobernar-proporcionar seguridad es indivisible.
¿Cómo darle la dirección adecuada a la responsabilidad de gobernar y generar un ambiente propicio para el desarrollo armónico de la sociedad? Si bien no es una tarea fácil, sí es un encargo simple. Solamente implica hacer lo necesario para que las cosas sucedan. Sin embargo, con base en la realidad que actualmente vivimos en México sobran elementos para afirmar que el “gobierno” de Felipe Calderón no asume el papel que le toca para otorgarle seguridad a la población en su conjunto; y por lo tanto, en los albores del siglo XXI, la sociedad mexicana se significa como una sociedad violentada en el marco de una pesada realidad que se agudiza peligrosamente con el transcurrir del tiempo.
Que una sociedad viva violentada no se circunscribe únicamente a un escenario de violencia criminal que se materialice en la sucesión de acciones por parte de los grupos delictivos que se dedican al tráfico de drogas, a la prostitución, a la producción y venta de piratería, a la pornografía, a los secuestros y la extorsión; tampoco implica solamente verse en medio de una balacera entre cárteles de la droga, o en enfrentamientos entre soldados del Ejército Mexicano y Los Zetas, es más que eso. Cuando nos referimos a una sociedad violentada lo hacemos en el más amplio significado.
Hoy en día, el “gobierno” sólo se hace cargo de ejercer el monopolio de los impuestos, ya ni siquiera mantiene el monopolio legítimo de la violencia porque ya existen diversas expresiones de grupos de autodefensa comunitarios o privados, además de los grupos criminales que imponen su ley en diversas regiones del país. Así, al no atender el encargo de la sociedad para construir un ambiente de bienestar que favorezca a la población, nos convierte en una sociedad violentada sin tener acceso a lo mínimo indispensable para vivir en armonía.
Así las cosas, vivimos violentados en el ámbito económico porque los mexicanos que subsisten en la pobreza rebasan los setenta millones; porque las posibilidades de encontrar un empleo bien remunerado son cada vez más escasas, hoy en día el empleo es una de las actividades más “inseguras” que realizamos en México en cuanto a la endeble certidumbre que tenemos para mantenerlo; porque las posibilidades de que un nuevo negocio sin importar su tamaño tenga éxito y subsista más allá del primer año de vida son cada vez menores; porque el “gobierno” no activa el empleo mediante obra pública o a través de políticas que generen inversión privada nacional o extranjera. Una muestra de la violencia económica que recorre la nación la podemos materializar en la diferencia que existe entre Brasil y México en relación al crecimiento de ambos países: en 1980 la economía mexicana era el doble de la brasileña, y en 2010 la economía brasileña ha doblado a la mexicana (La Jornada, 26 de octubre de 2010).
En el sector salud las cosas no son diferentes. Ahora los diputados comienzan a privatizar una parte del sector encargado de proveer las medicinas que necesitan los derechohabientes; para ello se modifica la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con ello se evade entrarle de frente al problema del desabasto de medicamentos en el sector salud. Así, con la nueva Ley del IMSS se repartirán vales entre los enfermos que podrán canjearse por medicinas en las farmacias de la iniciativa privada, con lo cual los costos de los tratamientos aumentarán y serán nuestros impuestos los que terminen utilizándose para tapar ese boquete económico.
En educación la realidad no es diferente. Con una población de siete y medio millones de jóvenes caracterizados como ninis, porque ni estudian ni trabajan, el panorama se torna oscuro para esos millones de mexicanos que no encuentran la salida a su precaria situación, y que orillados por la urgencia económica y social en la que sobreviven llegan a ver en las filas del crimen organizado una “posibilidad” de conseguir los recursos económicos que sistemáticamente se les han negado. Por si esto no fuera suficiente, ahora en ciudades como Tijuana, Tepic y Ciudad Juárez comenzamos a presenciar con un silencio aterrador una ola de juvenicidios en un marco de absoluta impunidad generado por las luchas encarnizadas de los cárteles de la droga, lo que ha llevado a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos a decir que vivimos en un “narcoestado policiaco-militar”.
Del combate a la corrupción, de ese flagelo que nos debilita peligrosamente como Estado y sociedad nada que decir. Esta semana Transparencia Internacional hizo público su Índice de Percepción de la Corrupción 2010, donde nuestro país recibió 3.1 de calificación, la más baja desde que se puso en marcha ese instrumento para medir la corrupción de las naciones; a consecuencia de esa nota pasamos, en una la lista de 178 países, del lugar 89 en 2009 al 98 en este año (La Jornada, 26 de octubre de 2010).
La desigualdad en el acceso a las oportunidades y a los recursos que todos generamos; la endeble democracia que campea por doquier, que permite que sea el poder del dinero quien elija a los gobernantes; la sistemática violación a los derechos humanos; la sangría poblacional representada por nuestros migrantes que no se detiene frente a ninguna crisis económica por más severa que sea; un marco jurídico y un estado de “derecho” que no garantiza la igualdad de los ciudadanos frente a las leyes; una política laboral que privilegia la privatización de las ganancias y la sociabilización de las pérdidas, así como los rescates económicos de los grandes empresarios con cargo al erario, y deja en el desamparo lo mismo a los familiares de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, que a los miles de electricistas del SME que fueron lanzados de su fuente de trabajo, y a los miles de trabajadores de Mexicana de Aviación que quedarán en la calle luego del fraude sobre la línea aérea que el gobierno avaló para enriquecer a sus dueños. Todo ello termina por convertir a la sociedad mexicana en una sociedad violentada.
¿Cómo darle la dirección adecuada a la responsabilidad de gobernar y generar un ambiente propicio para el desarrollo armónico de la sociedad? Si bien no es una tarea fácil, sí es un encargo simple. Solamente implica hacer lo necesario para que las cosas sucedan. Sin embargo, con base en la realidad que actualmente vivimos en México sobran elementos para afirmar que el “gobierno” de Felipe Calderón no asume el papel que le toca para otorgarle seguridad a la población en su conjunto; y por lo tanto, en los albores del siglo XXI, la sociedad mexicana se significa como una sociedad violentada en el marco de una pesada realidad que se agudiza peligrosamente con el transcurrir del tiempo.
Que una sociedad viva violentada no se circunscribe únicamente a un escenario de violencia criminal que se materialice en la sucesión de acciones por parte de los grupos delictivos que se dedican al tráfico de drogas, a la prostitución, a la producción y venta de piratería, a la pornografía, a los secuestros y la extorsión; tampoco implica solamente verse en medio de una balacera entre cárteles de la droga, o en enfrentamientos entre soldados del Ejército Mexicano y Los Zetas, es más que eso. Cuando nos referimos a una sociedad violentada lo hacemos en el más amplio significado.
Hoy en día, el “gobierno” sólo se hace cargo de ejercer el monopolio de los impuestos, ya ni siquiera mantiene el monopolio legítimo de la violencia porque ya existen diversas expresiones de grupos de autodefensa comunitarios o privados, además de los grupos criminales que imponen su ley en diversas regiones del país. Así, al no atender el encargo de la sociedad para construir un ambiente de bienestar que favorezca a la población, nos convierte en una sociedad violentada sin tener acceso a lo mínimo indispensable para vivir en armonía.
Así las cosas, vivimos violentados en el ámbito económico porque los mexicanos que subsisten en la pobreza rebasan los setenta millones; porque las posibilidades de encontrar un empleo bien remunerado son cada vez más escasas, hoy en día el empleo es una de las actividades más “inseguras” que realizamos en México en cuanto a la endeble certidumbre que tenemos para mantenerlo; porque las posibilidades de que un nuevo negocio sin importar su tamaño tenga éxito y subsista más allá del primer año de vida son cada vez menores; porque el “gobierno” no activa el empleo mediante obra pública o a través de políticas que generen inversión privada nacional o extranjera. Una muestra de la violencia económica que recorre la nación la podemos materializar en la diferencia que existe entre Brasil y México en relación al crecimiento de ambos países: en 1980 la economía mexicana era el doble de la brasileña, y en 2010 la economía brasileña ha doblado a la mexicana (La Jornada, 26 de octubre de 2010).
En el sector salud las cosas no son diferentes. Ahora los diputados comienzan a privatizar una parte del sector encargado de proveer las medicinas que necesitan los derechohabientes; para ello se modifica la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con ello se evade entrarle de frente al problema del desabasto de medicamentos en el sector salud. Así, con la nueva Ley del IMSS se repartirán vales entre los enfermos que podrán canjearse por medicinas en las farmacias de la iniciativa privada, con lo cual los costos de los tratamientos aumentarán y serán nuestros impuestos los que terminen utilizándose para tapar ese boquete económico.
En educación la realidad no es diferente. Con una población de siete y medio millones de jóvenes caracterizados como ninis, porque ni estudian ni trabajan, el panorama se torna oscuro para esos millones de mexicanos que no encuentran la salida a su precaria situación, y que orillados por la urgencia económica y social en la que sobreviven llegan a ver en las filas del crimen organizado una “posibilidad” de conseguir los recursos económicos que sistemáticamente se les han negado. Por si esto no fuera suficiente, ahora en ciudades como Tijuana, Tepic y Ciudad Juárez comenzamos a presenciar con un silencio aterrador una ola de juvenicidios en un marco de absoluta impunidad generado por las luchas encarnizadas de los cárteles de la droga, lo que ha llevado a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos a decir que vivimos en un “narcoestado policiaco-militar”.
Del combate a la corrupción, de ese flagelo que nos debilita peligrosamente como Estado y sociedad nada que decir. Esta semana Transparencia Internacional hizo público su Índice de Percepción de la Corrupción 2010, donde nuestro país recibió 3.1 de calificación, la más baja desde que se puso en marcha ese instrumento para medir la corrupción de las naciones; a consecuencia de esa nota pasamos, en una la lista de 178 países, del lugar 89 en 2009 al 98 en este año (La Jornada, 26 de octubre de 2010).
La desigualdad en el acceso a las oportunidades y a los recursos que todos generamos; la endeble democracia que campea por doquier, que permite que sea el poder del dinero quien elija a los gobernantes; la sistemática violación a los derechos humanos; la sangría poblacional representada por nuestros migrantes que no se detiene frente a ninguna crisis económica por más severa que sea; un marco jurídico y un estado de “derecho” que no garantiza la igualdad de los ciudadanos frente a las leyes; una política laboral que privilegia la privatización de las ganancias y la sociabilización de las pérdidas, así como los rescates económicos de los grandes empresarios con cargo al erario, y deja en el desamparo lo mismo a los familiares de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, que a los miles de electricistas del SME que fueron lanzados de su fuente de trabajo, y a los miles de trabajadores de Mexicana de Aviación que quedarán en la calle luego del fraude sobre la línea aérea que el gobierno avaló para enriquecer a sus dueños. Todo ello termina por convertir a la sociedad mexicana en una sociedad violentada.
Lo más preocupante de todo esto es que nunca sabemos cómo va a reaccionar una sociedad agredida. Hasta dónde llegará el hartazgo social frente a una vida cuya característica común es la violencia. Si la sociedad recibe violencia seguramente contestará con violencia, y ese ciclo puede ser muy peligroso para el bienestar del país.
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